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La tercera concejal de la CUP de Reus, Mariona Quadrada, investigada por un presunto delito de incitación al odio, denunciado por la Policía Nacional, no se ha presentado a declarar ante la juez que instruye el caso.

Quadrada ya anunció que no acudiría y este viernes no se ha presentado ante la titular sustituta del juzgado número 2 de Reus, que investiga a trece personas por un presunto delito de incitación al odio.

La concejal de la CUP tampoco acudió a la primera citación, aunque la ausencia estaba justificada porque su abogado tenía otro señalamiento anterior ese mismo día a la misma hora.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha informado de que la juez no ha tomado por el momento ninguna medida ante esta nueva incomparecencia.

La jueza investiga a Quadrada por haber firmado un manifiesto, en calidad de concejal de la CUP, en contra de la presencia de los antidisturbios alojados en el hotel Gaudí de la ciudad.

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Por ese mismo manifiesto también están investigados el alcalde de Reus, Carles Pellicer (PDeCAT), y los portavoces de los grupos municipales de ERC, Noemí Llauradó; y de AraReus, Jordi Cervera.

En la misma causa, la juez sustituta también investiga a dos concejales más de la CUP, Marta Llorens y Oriol Ciurana, por haber participado en dos manifestaciones tras las cargas policiales del 1 de octubre.

Llorens y Ciurana se negaron a acudir a la citación judicial en dos ocasiones -la segunda, el 29 de noviembre- y la jueza ordenó el 26 de diciembre que los detuvieran para que comparecieran ayer a las nueve de la mañana ante ella.

Los dos concejales estuvieron arrestados casi veinte horas, pasaron la noche en los calabozos y fueron puestos ayer a disposición de la jueza, ante la cual se negaron a declarar.

Sus abogados presentaron un «habeas corpus» por el exceso de tiempo de arresto, alegando que la magistrada estaba de guardia precisamente estos últimos días.

La jueza lo denegó y por ello los letrados presentarán un incidente de nulidad de actuaciones, un paso previo a un recurso de amparo al Tribunal Constitucional.