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El anteproyecto de reforma de la ley del aborto, aprobado el pasado viernes, ha empezado a recibir las primeras voces críticas desde el PP, como la de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, quien ha dicho ser más partidaria de una regulación de plazos en lugar de la de supuestos.

Cifuentes ha dicho que personalmente está más de acuerdo con una regulación de plazos, aspecto en el que ha indicado que no comparte la opinión mayoritaria de su partido, aunque ha confesado que «es un tema muy complicado» y que debe aceptar la medida que se ha adoptado.

En una entrevista en RNE, la delegada del Gobierno en Madrid ha recordado que el texto está en fase inicial y que falta una tramitación parlamentaria en la que puede sufrir modificaciones, al tiempo que ha insistido en que la reforma responde al cumplimiento de un compromiso del PP en su programa electoral.

Cifuentes sí se ha mostrado partidaria de modificar la «ley socialista» porque no comparte aspectos de la misma como que las menores de 16 años puedan abortar sin conocimiento paterno.

No ha sido la única opinión crítica dentro del partido, ya que la alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, ha asegurado que elevará al Ministerio de Justicia su disconformidad con la reforma que ha promovido el Ejecutivo, a través del ministro responsable de ese departamento, Alberto Ruiz-Gallardón. «Es verdad que la ley anterior puede necesitar una actualización, pero lo que no es razonable es que se elimine el aborto cuando haya riesgo de malformación del feto», ha señalado a Efe Valdeón, quien forma parte de la directiva del PP.

A su juicio, supone «una incongruencia» que en el sistema sanitario público español, «que es de lo mejor que existe en el mundo», se hagan pruebas para ver el estado del feto y, en el caso de detectar algo, no se ofrezca la posibilidad de decidir libremente si se quiere interrumpir el embarazo.

El presidente del PP de Guipuzkoa, Borja Sémper, ha admitido, por su parte, que hay aspectos de la reforma de la ley que «no le gustan» y ha defendido que el proyecto se vote «en conciencia» porque «los partidos políticos no deben ser sectas».

En una entrevista con Efe, Sémper ha explicado que no cree «en un Estado que se meta en la vida de las personas hasta el punto de imposibilitar tomar decisiones sobre su propia vida». «La clave está en el equilibrio, en respetar el derecho de una mujer a decidir sobre su propio cuerpo y su propia vida y hacerlo compatible con proteger a quien no puede hacerlo», ha opinado.

En su opinión, el anteproyecto de ley debe «afinar un poco más» en lo relativo al supuesto de malformaciones en el feto: «hay situaciones muy dramáticas para muchas parejas que tienen que afrontar una situación extrema cuando un médico les dice que el feto tiene una malformación», ha resaltado Sémper.