El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, con la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, durante el pleno del Congreso de ayer. | Kiko Huesca

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La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde el pasado mes de septiembre, se ha cerrado, casi al límite del plazo marcado por el Congreso y el Senado, con un amplísimo acuerdo parlamentario sellado por el PP, PSOE, CiU, PNV y UPN, y al que se sumó a última hora IU.

De los ocho vocales del turno de juristas de reconocido prestigio que había que designar hoy, el PP ha propuesto tres, el PSOE dos, y CiU, IU y PNV, uno cada uno.

Entre los vocales elegidos por el Parlamento figuran dos curtidos parlamentarios, el socialista Álvaro Cuesta y la diputada de CiU Mercé Pigem.

Los otros candidatos son los abogados Pilar Sepúlveda y Enrique Lucas; las secretarias judiciales Concepción Sáenz Rodríguez y María Ángeles Carmona, el catedrático Vicente Guilarte Gutiérrez y la abogada del Estado Nuria Díaz.

El exparlamentario socialista y abogado Álvaro Cuesta es el más conocido de todos ellos, por haber sido diputado desde 1982 a 2011 y haber ocupado cargos de responsabilidad en la ejecutiva socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

La próxima semana

Los otros doce vocales del CGPJ, de extracción judicial, se elegirán la próxima semana y todo hace indicar que el PP designará a siete de ellos y el PSOE a los otros cinco, a falta del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, que será escogido más tarde por los propios vocales.

Poco después de sellarse el acuerdo, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha destacado que el consenso alcanzado marcará «un antes y un después» en el Poder Judicial.

«Creo que es muy bueno para todo el sistema judicial que, en lugar de la contienda política totalmente legítima en otras materias, en este caso haya habido un amplio consenso del Congreso y el Senado», ha subrayado.

Preguntado si ya hay acuerdo sobre el nombre del presidente del Tribunal Supremo y del propio CGPJ, Gallardón ha recordado que esa decisión no corresponde a los grupos parlamentarios, sino a los nuevos vocales que votarán «desde su autonomía». «No es una decisión de carácter político sino de gobierno del propio Poder Judicial», ha insistido.