Vista de la manifestación del Primero de Mayo convocada en Madrid por los sindicatos UGT y CCOO, hoy, martes, 1 de mayo de 2012, bajo el lema "Trabajo, dignidad, derechos. Quieren acabar con todo". EFE/Juanjo Martín | Juanjo Martín

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«Seguiremos manifestándonos libre, pacíficamente y de manera multitudinaria hasta que esto cambie». CCOO y UGT han advertido al Gobierno de que ayer, día de la Fiesta del Trabajo, no acaban sus movilizaciones contra la reforma laboral y los duros ajustes del Gobierno. CCOO y UGT han asegurado que han movilizado a un millón de personas en las 80 manifestaciones convocadas en toda España. Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, han recuperado la tradición y han vuelto a ponerse al frente de la manifestación de Madrid, después de que el año pasado se trasladaran a Valencia.
Al final de la marcha, Toxo ha dado datos de participación de Madrid (100.000 personas, cifra que fuentes policiales han situado entre 12.000 y 15.000), Galicia (120.000), Catalunya y Valencia (100.000 en ambos casos). Ha habido menos afluencia que en las movilizaciones contra la reforma laboral de febrero y marzo, pero mucha más que en anteriores Primero de Mayo.
El lema ha sido «1 de mayo trabajo, dignidad, derechos. Quieren acabar con todo» y la característica dominante ha sido el rechazo de las políticas de recorte, la defensa de los servicios sociales, la crítica al Gobierno y la ausencia de incidentes.
El PP mintió
«PP mintió, saquea y pega» «Sin pan no habrá paz», «El Partido Patronal nos saquea más y más», «Es criminal recortar sanidad», son algunas de las pancartas que se han podido leer en las protestas. Méndez ha usado un símil naval para denunciar la política injusta del Ejecutivo y ha acusado al Gobierno de estar «embarrancando» el buque de la economía y de preocuparse sólo de salvar a los de primera clase y sus pertenencias mediante la amnistía fiscal. Asimismo, ha afirmado que «Rajoy quiere demoler los servicios públicos».
Toxo ha avisado de que la pretensión del Gobierno es usar la crisis para provocar una «involución» de los derechos, al tiempo que se ha mostrado pesimismo ya que opina que se llegará a los seis millones de parados a finales de este año.