0

El antiguo director de los servicios jurídicos de Nueva Rumasa, Joaquín Yvancos, ha solicitado a la Audiencia Nacional que asuma las cerca de 50 causas abiertas por los juzgados contra varios miembros de la familia Ruiz-Mateos por presuntos delitos fiscales, según la querella presentada por el abogado.

El abogado concluye que el fraude a la Hacienda Pública podría elevarse hasta 143,01 millones de euros desde la fundación de Nueva Rumasa hasta abril de 2006, cantidad a la que habría que sumar cerca de 120 millones de euros desde 2006.

Por ello, los querellantes piden a la Audiencia Nacional que abra un proceso, distinto al que investiga la presunta estafa de los pagarés, para indagar sobre los presuntos delitos fiscales, cuyo trámite se sigue por separado en distintos procesos abiertos en los Juzgados de Instrucción correspondientes.

El abogado pide que se incoen diligencias previas por presuntos delitos fiscales contra el fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, contra sus seis hijos varones Zoilo, José María, Francisco Javier, Alfonso, Pablo y Alvaro Ruiz-Mateos Rivero, así como contra el economista Manuel Sánchez Marín.

En la querella, el abogado considera que estos «miembros de la familia Ruiz-Mateos, junto con Sánchez Marín, han diseñado y ejecutado, de modo consciente, voluntario, intencionado e interesado, una forma o plan preconcebido para eludir el pago de impuestos u obligaciones tributarias diversas a la Hacienda pública española».

El letrado añade que los propietarios de Nueva Rumasa «no cumplían» con las obligaciones correspondientes» a los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales, al IVA, al Impuesto de Sociedades e IRPF. Yvancos ha aportado a la Audiencia Nacional una serie de documentos donde presuntamente se apuntaban todos los impagos al fisco.

Entre otras irregularidades, el abogado denuncia la emisión de facturas falsas, la revalorización artificial de activos, la captación de dinero en 'B' de inversores a través del conocido como 'banquito' de los Ruiz-Mateos y la colocación de testaferros al frente de las empresas.

Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional mantiene abierta la causa que investiga a la familia Ruiz-Mateos por presunta estafa a 4.110 inversores de pagarés, emitidos por 13 mercantiles del grupo Nueva Rumasa, por lo que obtuvieron 337,3 millones de euros.