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La Audiencia Nacional ha ordenado hoy prisión eludible bajo fianza de un millón de euros para el presunto cabecilla del «caso Gürtel», Francisco Correa, que se encuentra en la cárcel desde hace casi tres años.

Así lo ha acordado la sección cuarta de la sala de lo penal de este tribunal en un auto en el que ha estimado parcialmente el recurso de apelación de Correa quien, en caso de que abone dicha cantidad, debería comparecer diariamente en comisaría, y no podría abandonar España, para lo que se le retiraría el pasaporte.

La sala, compuesta por la presidenta Ángela Murillo y los magistrados Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel, argumenta que el posible juicio se celebraría pasados cuatro años desde su ingreso en prisión, por lo que no ve necesario agotar ese plazo para evitar el riesgo de fuga.

«Debemos precisar que dicho riesgo se tendría que asumir, guste o disguste, en fecha 15 de febrero de 2013, día en que el inculpado obtendría su libertad provisional por imperio de la ley y sin fianza pecuniaria de tipo alguno», recalca.

En el auto, los magistrados recuerdan que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló en septiembre de 2011 la fianza de 15 millones de euros que le había fijado el instructor del caso, Antonio Pedreira, para poder ser excarcelado, y le sugirió que le impusiera medidas telemáticas.

Sin embargo, el magistrado confirmó la medida de prisión provisional y descartó el control telemático al considerar que no ofrecía garantías plenas para evitar dicho riesgo, según un informe policial.

La Audiencia Nacional critica que el TSJM eliminara la opción de Pedreira para que Correa abandonara la cárcel si prestaba una fianza de quince millones de euros y pretendiera que la Policía asumiera «el más mínimo riesgo de fuga, por ínfimo que resulte», si Correa era sometido a ese control.

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«Para conjurar al cien por cien tal riesgo, se precisaría no sólo el empleo de medios electrónicos de localización» sino encomendar a un «elevado número de funcionarios la única y exclusiva función de vigilar todos los movimientos de Francisco Correa, minuto a minuto, mañanas, tardes y noches de todos los días. Y aún así no se lograría ese cien por cien de seguridad, porque nada resulta imposible en esta vida», sostiene el auto.

La juez Murillo, ponente de la resolución, añade: «las personas que tienen que asumir el riesgo de fuga de cualquier individuo privado de libertad (...) somos las que encarnamos el Poder Judicial, y en concreto, aquella o aquellas que acuerden tal cambio de situación».

Por eso, la magistrada destaca que esas personas son «las que deben soportar la 'carga' del riesgo de fuga intentando minorizarla al máximo».

Critica también que el TSJM no abordara el «fondo» de la cuestión, utilizando para ello «vericuetos de escaso alcance jurídico».

«Debemos afrontar el tema controvertido, sin más contemplaciones», subraya el tribunal, que cita los alegatos expuestos por el abogado de Correa, José Antonio Choclán, en «su lucido informe» durante la vista celebrada el pasado día 20 en la que solicitó la libertad de su cliente, a lo que se opuso la Fiscalía.

Así, la sala asume el «dilatado espacio» de tiempo que Correa lleva en prisión, que en la causa ya se han realizado diligencias «de toda índole» y el arraigo personal del presunto cabecilla de la trama, motivos que, según su defensa, no le llevarían a «dejarlo todo para no afrontar el eventual juicio que pudiera celebrarse».

Correa se encuentra en la prisión de Soto del Real (Madrid) desde febrero de 2009 junto con su «número dos», Pablo Crespo, por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Precisamente, el pasado miércoles el juez Pablo Ruz rebajó a 100.000 euros la fianza impuesta para salir de la cárcel a Crespo que, según fuentes jurídicas, aún no ha abonado.