El Gobierno plantea eliminar el límite para encadenar contratos temporales

El Ejecutivo quiere suspender el actual límite para encadenar contratos temporales, como consta en el borrador del Real Decreto-Ley que llevará el viernes al Consejo de Ministros. Según se precisa, la regla vigente, «lejos de fomentar la contratación indefinida», puede estar produciendo «efectos indeseados» de no renovación.

El artículo 15.5 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores establece que adquirirán la condición de fijos «aquellos trabajadores que, en un plazo de treinta meses, hubieran estado contratados durante más de dos años, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas mediante dos o más contratos temporales». El artículo quedará suspendido durante dos años.

El Gobierno también pretende cambiar el contrato de formación. De acuerdo con el borrador, se podrá realizar a jóvenes de entre 16 y 25 años que carezcan de cualificación profesional alguna, hasta el 31 de diciembre de 2013. La modalidad también podrá efectuarse con jóvenes de hasta 30 años sin cualificación. En el caso de celebrarse con personas con discapacidad, no habrá máximo de edad.

Es una manera de que los jóvenes combinen trabajo y formación, por lo que el empleado tendrá que recibir clases en un centro formativo reconocido por el sistema nacional de empleo. La actividad laboral que realice en la empresa tendrá que estar relacionada con lo que esté aprendiendo. El sueldo que perciba deberá ser proporcional al salario mínimo interprofesional (SMI) y el trabajador estará eximido de pagar sus cotizaciones a la Seguridad Social.

La duración del contrato será de dos años, aunque podrá prorrogarse otro año más, en función de las necesidades formativas del trabajador o de las necesidades organizativas de las empresas. Después, el empleado no podrá volver a ser contratado del mismo modo. Además, no tendrán acceso a esta modalidad las personas que hayan ocupado el mismo puesto con anterioridad.

Al término del plazo, las empresas que transformen estos contratos en indefinidos podrán disfrutar de una reducción en la cuota empresarial de la Seguridad Social. La rebaja será de 1.500 euros al año durante tres años. En el caso de las mujeres, la rebaja en la cotización será de 1.800 euros anuales.

Además, quienes efectúen contratos de esta naturaleza a trabajadores mayores de 20 años e inscritos en el paro con anterioridad al 16 de agosto de 2011 tendrán derecho a una reducción de las cotizaciones empresariales. Esta será del cien por cien si su plantilla es inferior a 250 personas y del 75 por ciento si iguala o supera esta cifra. Los contratos deben traducirse en un aumento de personal en el seno de las empresas.

El texto prorrogará hasta 2013 el pago del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) de parte de las indemnizaciones por despido, sólo cuando éstos sean procedentes. También retrasa al primer semestre de 2013 el desarrollo de un proceso negociador para implantar el fondo de capitalización que acordaron Gobierno y agentes sociales.

Además, el documento establece que, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la norma, se adoptarán las medidas necesarias para integrar el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) y el Fogasa en un único organismo.

La norma prorroga por otros seis meses, desde el 16 de agosto de 2011 al 15 de febrero de 2012 el 'Plan Prepara', que combina formación y una ayuda de 400 euros mensuales para los parados que hayan agotado todas sus prestaciones. El decreto contempla un suplemento de crédito al SPEE, a financiar con deuda pública, por importe de 50 millones de euros para pagar estas ayudas.

Salgado insinuó este miércoles, en la cadena SER, que los ministros podrían aprobar también un aumento de la presión fiscal a las grandes fortunas: «Para un impuesto sobre grandes fortunas, no hay tiempo; para aumentar la presión sobre ellas... permítame que esperemos al viernes».

En Francia y en Estados Unidos han sido los grandes empresarios quienes han solicitado estos cambios. En España no ha ocurrido lo mismo: «No hemos recibido ninguna carta de ningún rico diciendo que le pongamos impuestos», aclaró la vicepresidenta.

Los agentes sociales, en contra

El borrador ha puesto de acuerdo a los agentes sociales, que coinciden a la hora de rechazar ciertos cambios. CC.OO. está en contra de algunas medidas, como la suspensión del límite del encadenamiento de contratos y la ampliación de la edad máxima para acceder a los contratos de formación. El sindicato cree que las novedades en este sentido no dan respuesta a sus demandas.

La organización también da la espalda a la fusión del Fogasa y el SPEE, porque la considera «una vía de escape completamente irresponsable» para obviar la saturación del Fogasa. Unir ambos organismos sin corregir las deficiencias que padecen es un «despropósito» que sólo puede colapsarlos y provocar retrasos en los pagos de prestaciones, salarios e indemnizaciones, explicó el sindicato.

UGT se explicó en los mismos términos. Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical, considera que la suspensión del límite de encadenamiento de contratos supone «apostar directamente por la temporalidad, el empleo de mala calidad y con menos derechos». Según recordó, el tope surgió de un acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales «que pretendía potenciar la contratación estable, indefinida, y limitar y reducir la contratación temporal abusiva».

Esto lleva al sindicato a pensar que... «Estamos ante una medida aparentemente contradictoria e incoherente». Como CC.OO, UGT también se opone a que se aumente la edad de acceso a los contratos de formación: «La medida del Gobierno sólo habla de contratación, pero el sistema de formación no se adapta en esta línea».

CEOE y Cepyme creen que los cambios que el Ejecutivo pretende impulsar no van en la dirección «más adecuada» para la recuperación de la actividad económica y del empleo. En un comunicado, las organizaciones critican en especial un punto del borrador en el que se suprime el contrato a tiempo parcial, efectuado en la mesa tripartita sobre empleo.

Además, los empresarios consideran que los cambios en los contratos de formación dejan la norma «a años luz» de la formación dual. En su opinión, ésta no afronta las necesidades de contratación de los jóvenes españoles, que suponen más del 40 por ciento del desempleo del país.