Los progresistas Eugeni Gay, vicepresidente del Tribunal Constitucional, y Elisa Pérez, y el conservador Javier Delgado, en una imagen de archivo.

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El presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, decidió ayer no aceptar la renuncia del vicepresidente de este órgano, Eugeni Gay, y de los magistrados Javier Delgado y Elisa Pérez Vera, que dimitieron en protesta por la no renovación del tribunal.

Así lo informó ayer el Constitucional después de que por la mañana se conociera que los tres magistrados, cuyo mandato finalizó el pasado mes de noviembre, habían formalizado su renuncia en protesta por la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios del PSOE y del PP en el Congreso para proceder a su renovación.

En un decreto, Sala justifica su decisión de no aceptar las dimisiones de Gay, Delgado y Pérez Vera «dado el volumen de procesos constitucionales pendientes sometido a su conocimiento» y para «garantizar la continuidad y estabilidad» del tribunal, del que recuerda que es el supremo intérprete de la Constitución y el garante máximo de los derechos fundamentales y libertades públicas.

Por ello acuerda «no aceptar» las renuncias, «sin perjuicio de hacer nuevamente presente, en este caso al Congreso de los Diputados, la necesidad de observancia de los plazos de renovación constitucional y legalmente establecidos».

El mandato de Gay, Delgado y Pérez Vera finalizó el pasado mes de noviembre, por lo que llevan más de medio año en funciones, pero el PSOE y el PP en el Congreso siguen sin ponerse de acuerdo para designar a sus sustitutos y al de Roberto García Calvo, también designado por la Cámara baja y cuya plaza está vacante desde su fallecimiento, en mayo de 2008.

Por tanto, la marcha de los tres magistrados cuya renuncia se conoció ayer hubiera dejado al Constitucional con el quórum mínimo para seguir tomando decisiones, que la ley establece en ocho magistrados.

Entre los asuntos que el Tribunal Constitucional tiene pendientes de resolver se encuentra el recurso de Sortu contra la prohibición de su inscripción como partido y los recursos contra el matrimonio homosexual, la ley del aborto y la llamada 'doctrina Parot'.