Foto de archivo del ex consejero de Empleo Antonio Fernández. | Juan Ferreras

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La juez que investiga las presuntas irregularidades en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) financiados por la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, ha enviado un burofax al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, en el que le comunica su imputación.

Fernández recogió el citado burofax y el propio exconsejero, quien ha subrayado que está «absolutamente tranquilo» porque su gestión al frente de la Consejería de Empleo entre los años 2004 y 2010 fue «transparente».

Abogado

En el burofax, la juez insta al exconsejero a designar a un procurador y un abogado para personarse en estas diligencias en calidad de imputado.

«No estoy citado a declarar en ninguna fecha, sólo se me conmina a nombrar procurador y abogado para que siga la causa y saber de qué y quién me acusa», ha recalcado Fernández.

El exconsejero ha insistido en que está «tranquilo» porque «ni conocí, ni autoricé, ni aprobé ninguna de las cuestiones que están saliendo», en referencia a la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas.

En la actualidad, Fernández preside el consejo regulador de la denominación de origen del Jerez y está prejubilado en un ERE de las bodegas jerezanas Gonzalez Byass.

La noticia ha provocado prejuicios en las filas 'populares' y apelación a la presunción de inocencia entre los socialistas.

El PP andaluz ha anunciado que va a solicitar la comparecencia «urgente» de los distintos responsables durante los últimos diez años de la Intervención General de Hacienda.

El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, ha anunciado que su formación va a solicitar la comparecencia «urgente» de los distintos responsables durante los diez últimos años de la Intervención General de Hacienda para que expliquen tanto el procedimiento como el contenido de los informes realizados entre 2005 y 2007, «que advertían del procedimiento irregular que estaba siguiendo la Junta de Andalucía en la concesión de ayudas a empresas en crisis».