La ministra de Economía, Elena Salgado, durante la rueda de prensa ofrecida esta tarde. | SUSANA VERA

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El Estado entrará como accionista en las cajas de ahorros y bancos que no logren recursos suficientes en el mercado antes de otoño para cumplir las nuevas exigencias de capital planteadas por el Gobierno.
Las cajas que necesiten ayuda pública, que se instrumentará mediante el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), tendrán que convertirse en bancos, según dijo la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, quien añadió que la entrada del Estado en el capital será «temporal y limitada», ya que no superará los cinco años.
20.000 millones
Salgado también cifró en menos de 20.000 millones de euros la capitalización adicional que necesita el sistema financiero español. Las medidas presentadas ayer por la vicepresidenta se incluyen en el Plan de Reforzamiento del sector financiero que ha sido diseñado para restaurar la confianza en los mercados sobre la solidez de la economía española y el sistema bancario, así como garantizar la canalización del crédito a la economía real.
Según este plan, que se tramitará como Real Decreto Ley y que se aprobará en febrero, las entidades españolas deberán tener un mínimo de capital básico del 8 % de los activos ponderados por riesgo, un porcentaje que será superior para aquellas que no coticen o no tengan presencia significativa de inversores privados, como en el caso de las cajas de ahorros. Además, el mínimo de capital será mayor para aquellas que presenten una dependencia de los mercados de financiación mayorista superior al 20 % de sus activos.
No obstante, este porcentaje superior se fijará en las próximas semanas, según dijo Salgado, quien añadió que en el mes de septiembre, el Banco de España determinará las entidades que no tienen posibilidades de alcanzar las nuevas exigencias de capital al no atraer a inversores privados, lo que provocará la entrada del Estado mediante el FROB.
El Estado, accionista
Al respecto, la ministra de Economía indicó que «cada caja tiene su plan y que el Ejecutivo no va a interferir hasta que el Banco de España no diga que no tienen posibilidades de conseguir el capital». Una vez el Estado forme parte del accionariado de las cajas, estas perderán su especial naturaleza jurídica.
La ministra también destacó que con este requerimiento de capital, el Ejecutivo se ha adelantado los nuevos requisitos que se establecen en la normativa europea Basilea III, cuya entrada en vigor será gradual a partir de 2013.