El ministro de Fomento, José Blanco, durante el pleno del Congreso que ha autorizado hoy al Gobierno, con los votos a favor del PSOE, CiU, PNV y CC y la abstención del PP, a prorrogar el estado de alarma hasta el 15 de enero para consolidar la normalidad en el tráfico aéreo. | Juanjo Guillen

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El Congreso ha autorizado hoy al Gobierno, con los votos a favor del PSOE, CiU, PNV y CC, y la abstención del PP, a prorrogar el estado de alarma hasta el 15 de enero para consolidar la normalidad en el tráfico aéreo y afrontar la «alarma social» que ha generado la crisis de los controladores.

Se han opuesto a la medida BNG, NaBai, UPyD y ERC-IU-ICV, el único grupo que había presentado una propuesta de resolución, que ha sido rechazada por el pleno.

Desde la tribuna, el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha advertido previamente de las consecuencias «demoledoras» que tendría una situación «siquiera similar» a la del pasado 3 de diciembre, con pérdidas de «miles de millones» de euros.

Jaúregui, que ha defendido la propuesta en presencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha argumentado que ni la sociedad ni el sector han recuperado una percepción de normalidad del tráfico aéreo.

Para el Gobierno, la mera incertidumbre representa «un coste inasumible para el país» y mientras subsistan las causas subyacentes que provocaron el «chantaje», especialmente en días «tan sensibles» como los navideños, tiene la obligación de garantizar la normalidad.

Hasta el 15 de enero hay programadas más de 100.000 operaciones aéreas, con unos 3,5 millones de pasajeros, de ellos 2,5 millones en vuelos internacionales.

Abstención del PP

El Partido Popular se ha abstenido porque asegura que «quieren proteger a los ciudadanos de la incapacidad» del Gobierno para garantizar la normalidad aérea sin echar mano de medios excepcionales.

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que la prórroga del estado de alarma es una decisión a la que no se oponen pero que tampoco respaldan de «ningún modo».

Para el portavoz de CiU en la Comisión de Fomento del Congreso, Pere Macías, la «prioridad» no es otra que garantizar la circulación libre de los ciudadanos, aunque destacó que «no vamos a apoyar otra medida igual a partir del 15 de enero».

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Por su parte, el diputado del PNV José Ramón Beloki ha recordado que la situación vivida fue «muy grave» y es consecuencia de la cesión por parte de las autoridades a las exigencias de los privilegios laborales dados a los controladores.

Por Coalición Canaria intervino Ana Oramas, quien ha expuesto la situación que vivió el archipiélago los días 3 y 4 de diciembre cuando «estuvimos aislados y secuestrados», y ha recordado que los canarios «no sólo cogemos los aviones para ir de vacaciones».

La "amenaza" de los controladores sigue "vigente", según el PSOE

El portavoz del grupo socialista, José Antonio Alonso, ha justificado la necesidad de la prórroga ya que «la amenaza» de los controladores sigue «plenamente vigente» de cara a las navidades y «no tenemos ninguna garantía» de que este «grupo salvaje» no vaya a repetir su plante del pasado día 3 de diciembre.

ERC, IU-ICV, BNG, UPyD y Nafarroa Bai han votado en contra de la prórroga considerando que no se ha resuelto el problema con los controladores, sino que se ha «anestesiado».

Joan Ridao, portavoz de ERC, ha apuntado que la motivación que esgrime el Gobierno para decretar un estado de alarma «vegetativo» es «endeble, escasa y peregrina».

Desde IU-ICV, Gaspar Llamazares ha insistido en que en democracia el fin no justifica los medios y ha confiado en que no se vuelva a adoptar una medida así, «no vaya a ser que alguien de este Gobierno después quisiera nombrar cónsul a su caballo».

La diputada de UPyD, Rosa Díez, ha criticado «la incompetencia y la irresponsabilidad del Gobierno» y ha subrayado que «su mala cabeza» es la que ha llevado al estado de alarma.

Desde el BNG, su portavoz, Francisco Jorquera, ha recordado las dudas jurídicas que existen sobre la constitucionalidad de la medida de alarma, a pesar de lo cual ahora el Gobierno actúa como el refrán: «si no quieres caldo, dos tazas».

Uxue Barkos, diputada de Na-Bai, ha criticado que el Gobierno recurriera a militarizar a los controladores, algo que «recuerda demasiado a la peor política decimonónica española, hace regresar al siglo XIX».

Tras escuchar todas estas intervenciones, el ministro Ramón Jáuregui ha garantizado la intención del Gobierno de trasladar a la Cámara y a los grupos toda la información que procede respecto al funcionamiento del estado de alarma y al resultado que va teniendo la aplicación de las medidas.