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Los controladores citados para ayer por la Fiscalía de Madrid se negaron a declarar, mientras el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció que los que faltaron a sus puestos de trabajo los pasados días 3 y 4 se enfrentan hasta a 8 años de prisión por un delito de sedición. Los doce controladores que acudieron ayer al tribunal aseguraron que se replantearán su postura cuando sean citados por el juez que consideran competente, ya que entienden que tras la militarización del control aéreo y la declaración del estado de alarma no deben ser investigados por la jurisdicción ordinaria, sino por la militar.

Así lo ha explicado el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban, que añadió que la Fiscalía les ha aclarado que la jurisdicción ordinaria es la única competente por ahora, ya que los hechos por los que iban a ser preguntados son los ocurridos entre la tarde del viernes y la mañana del sábado, antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma.

Mientras tanto, Conde-Pumpido, que ha presidido la Junta de Fiscales en Zaragoza, y en la que se ha tratado por vía de urgencia el conflicto de los controladores aéreos y sus repercusiones penales, apuntó que se propondrán penas de entre tres y ocho años de cárcel para los controladores que abandonaron su puesto de trabajo por un delito de sedición.

Muy grave

Conde-Pumpido recalcó que el abandono colectivo de un aeropuerto y la paralización del tráfico aéreo de un país suponen un delito «muy grave». Además, apuntó que los hechos que pudieran cometerse a partir de las 13.00 horas del pasado sábado -cuando se decretó el estado de alarma- serían enjuiciados por la jurisdicción militar, algo que es «perfectamente constitucional».

Precisamente ayer, el sindicato USCA presentó dos recursos contencioso administrativos ante el Tribunal Supremo contra los reales decretos que establecen el estado de alarma y «la militarización» de los servicios civiles de tránsito aéreo. USCA dijo que sus asesores jurídicos tienen «serias dudas» acerca del procedimiento que ha seguido el Gobierno para dictar estos decretos, así como sobre los fundamentos legales de dichas normas.