La nueva Ley Electoral refuerza aún más la lucha contra el entorno de ETA

Dos ha sido las proposiciones de ley registradas: una de ellas, con el apoyo de PSOE, PP, CiU y PNV, recoge la mayoría de los cambios a la Ley Electoral del Régimen Electoral General -iniciativa que «frenará» IU-; y otra, firmada sólo por PSOE y PP, que afecta básicamente a la Ley de Partidos.

Inhabilitación

De salir adelante esta última reforma la novedad más importante es que se podrá inhabilitar a cargos ya electos si, tras las elecciones, una sentencia judicial firme declara ilegal a su partido.

Con todo, este cargo electo tendrá un plazo de quince días para presentar de forma voluntaria una declaración «expresa e indubitada» de rechazo a las causas jurídicas que motivaron la ilegalización de su partido.

Una figura que socialistas y populares han llamado «incompatibilidad sobrevenida», con la que quieren obstaculizar aún más el acceso a las instituciones de personas del entorno de ETA. Además, la presentación de recursos para excluir candidaturas se alarga hasta el 44º día posterior a la convocatoria electoral. También se «desactivará» el poder de los tránsfugas a la hora de presentar mociones en los ayuntamientos, de manera que para que estas mociones salgan adelante no bastará con la mayoría simple, sino que se exigirá un voto más por cada tránsfuga que firme la moción.

Otras medidas que incluye son prohibir la inauguración de obras por parte de instituciones públicas en periodo electoral, instar a los medios de comunicación privados a garantizar la pluralidad en los informativos y debates.