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Las declaraciones de los detenidos, todos ellos puestos en libertad tras prestar declaración en la Comisaría, las de sus letrados y los comunicados de prensa emitidos por algunas instituciones públicas han generado contradicciones en relación con la operación policial desarrollada el martes en Alicante y Orihuela. La primera de ellas se enmarca en el capítulo de las posibles imputaciones que sobre los hasta martes detenidos podrían recaer en función de la diligencias practicadas.
Tras la declaración del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, en la Comisaría, una nota remitida desde la Diputación de Alicante sostenía que Ripoll había sido puesto en libertad «sin cargos». Minutos después, el Ministerio de Interior emitió un comunicado en el que informaba de que la operación policial se había saldado, por el momento, con once detenidos y que, «según los casos, se les imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento».
La segunda contradicción se refiere a la comunicación emitida por la Diputación de Alicante, la cual, en un primer momento negó Ripoll durante la rueda de prensa ofrecida ayer. Cuando los periodistas le explicaron que sí hubo una nota de prensa, el presidente de la institución provincial respondió que si se emitió un comunicado, fue «sin su consentimiento».
Una tercera controversia parte del hecho de que Ripoll informó públicamente que ha sido citados a declarar hoy en el Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela. Por el contrario, el citado juzgado, a través de una nota emitida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, señaló que «no se ha acordado la citación judicial ni imputación judicial respecto de ninguna de las personas».