Rodríguez Zapatero con las ministras Maria Teresa Fernández de la Vega y Elena Salgado, ayer en el Congreso. | ANDREA COMAS

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El PSOE escenificó ayer su soledad parlamentaria al ser el único partido que apoyó la reforma laboral propuesta por el Gobierno y cuyos votos sirvieron para convalidarla frente a las abstenciones del PP, CiU, PNV, CC, UPyD y UPN y los rechazos de ERC-IU-ICV, BNG y NaBai. En cualquier caso, todos los grupos parlamentarios respaldaron por unanimidad que el decreto de la reforma laboral sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia con el objetivo de que se puedan introducir enmiendas en la tramitación parlamentaria.
Durante su intervención en el Congreso, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, aseguró que la reforma laboral favorece directamente a más de 8 millones de parados o trabajadores con un contrato temporal, mientras que mantiene los derechos de otros 11,5 millones de asalariados con contrato estable. Según el ministro, la reforma no abarata el despido, puesto que cualquier trabajador con contrato indefinido percibirá la misma indemnización «antes y después de la reforma».
Oposición unánime
Los grupos de la oposición coincidieron en criticar unánimemente el decreto de reforma laboral que criticaron como una norma que «abarata enormemente el despido» y resulta «insuficiente y confusa», por lo que expresaron su intención de «enderezarla» en el trámite parlamentario que se abre este martes. La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló que Corbacho es uno de los «principales críticos» del propio Gobierno porque ha dicho «públicamente» que no creará empleo y al admitir que llega tarde.
El portavoz de CiU en la Comisión de Trabajo, Carles Campuzano, insistió en que la reforma «no supone una revolución del sistema de relaciones laborales» y dijo que «quedan aspectos sustanciales a debatir» como mejorar la flexibilidad interna de las empresas o las políticas de formación. Desde el PNV, el diputado nacionalista Emilio Olabarria incidió en que la reforma supone el fracaso del diálogo social, «que en estos momentos está roto».