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La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Margarita Robles decidió ayer apartarse de la resolución del expediente de suspensión cautelar que se tramita contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tras ser admitidas contra él tres querellas en el Tribunal Supremo.
Robles negó la enemistad manifiesta que Garzón le atribuyó y dijo abstenerse por el hecho de que ambos ejercieran cargos públicos durante el Gobierno de Felipe González, además de recordar que el juez debió abstenerse de instruir el 'caso Marey', según un reciente fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Así se explicó Robles en un escrito remitido a la Comisión Permanente del Consejo que ayer mismo acordó dejar en suspenso su decisión sobre la eventual suspensión cautelar de Garzón hasta que el Pleno del próximo día 24 resuelva las recusaciones planteadas por el magistrado contra varios vocales de este órgano.
Por su parte, el vicepresidente del CGPJ Fernando De Rosa dijo que antes tomar una decisión al respecto deberá estudiar las razones dadas por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 en su escrito, que aún no le fue entregado de forma oficial. Tras analizarlas, emitirá un informe que remitirá probablemente al Pleno del día 24 señalando si se abstendrá o no de este asunto.
«Amigo íntimo» de Camps
Garzón señaló en su escrito que el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, fue miembro del Gobierno de la Generalitat Valenciana que preside Francisco Camps, «persona de cual se dedujeron indicios de delito» en la instrucción que desarrolló en 2009 sobre la 'trama Gürtel'. Tras poner de manifiesto la «amistad íntima» y la «relación de servicio» entre Camps y De Rosa y el «interés personal» del vocal en este asunto, el juez recordó que, «lejos de guardar la debida prudencia a la que su nuevo cargo le obligaba», el aludido realizó «una desaforada defensa de su antiguo jefe», a quien calificó de «absolutamente honorable».