La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, durante la rueda de prensa que ofreció ayer tarde en el Palacio de Zurbano.

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La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, anunció ayer que el Consejo de Política Fiscal y Financiera pondrá en marcha un plan de austeridad que implicará a todas las administraciones públicas, después de haberlo discutido con los diversos partidos políticos en las reuniones bilaterales de la llamada Comisión Zurbano. Salgado reconoció la «necesidad» de que este plan tenga el mayor apoyo posible, dado que hay muchos partidos gobernando los distintos ayuntamientos y comunidades autónomas, pero lo ha calificado de un «esfuerzo de austeridad necesario para nuestra economía y nuestras finanzas públicas».
Dicho plan se aplicaría a partir del año que viene, dado que para 2010 ya está aprobada una previsión de déficit del 2,5%. A preguntas de los periodistas, la vicepresidenta matizó que el plan no incluirá un techo de gasto para las administraciones, como el que propuso hace escasas fechas el PP en el Congreso y tiró atrás la mayoría parlamentaria. «Las leyes de estabilidad no fijan un techo de gasto sino un objetivo de déficit», explicó.
Medidas inmediatas
El Gobierno es más optimista ante la posibilidad de llegar a un pacto contra la crisis que al inicio de la ronda de contactos con los partidos, que si bien ven viable un posible acuerdo, han defendido algunas de sus iniciativas «irrenunciables» para evitar la pérdida de derechos adquiridos. Salgado, tras constatar que «ha habido más avances de los previstos», afirmó que las dos medidas más inmediatas contra la crisis, que el ICO dé directamente préstamos a las pymes y el IVA reducido para la rehabilitación, cuentan con el apoyo de todos los partidos, incluido el PP.
En rueda de prensa tras finalizar los contactos de la Comisión, Salgado aseguró que, por ello, las próximas semanas se dedicarán a poner en marcha «toda la maquinaria» del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para desarrollar ese nuevo cometido. La idea del Gobierno es reflexionar si debe ser sólo una entidad o más las que comercialicen los préstamos que el ICO concederá por un importe máximo de 200.000 euros por solicitud, ha explicado.