Chacón no aclara si el Gobierno contempla pagar un rescate por el atunero secuestrado en Somalia

La ministra de Defensa, Carme Chacón, no aclaró ayer si se contempla la posibilidad de pagar un rescate por la liberación del pesquero vasco Alakrana y aseguró que el Gobierno está estudiando todas las opciones «legales» y que ha redoblado sus esfuerzos «en todos los frentes» para conseguir «cuanto antes» que sus 36 tripulantes sean liberados «sanos y salvos».

Al ser preguntada sobre si se estudia el pago de un rescate para lograr la liberación del atunero, Chacón afirmó, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, que el Gobierno está «estudiando todas las opciones, por supuesto legales» y está reforzando su acción «en todos los frentes, el diplomático, el de investigación, el de inteligencia y el de la presión militar», con «la prioridad» de conseguir «cuanto antes» que los tripulantes queden libres «sanos y salvos». «Esa es nuestra prioridad y ahí se dirigen todos los esfuerzos», indicó.

Tras una segunda pregunta sobre esta misma posibilidad, la ministra incidió en que el Gobierno está contemplando «el redoble de las gestiones diplomáticas» y recordó que el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación ya ha hablado con el presidente somalí, quien le ha ofrecido «toda su colaboración» en la lucha contra la piratería en aguas de Somalia. «Redoblamos esfuerzos en el ámbito diplomático, en el ámbito de la investigación y de la inteligencia y en el ámbito militar. Esos son ahora mismo nuestros esfuerzos», añadió.

Tras indicar que los tripulantes del atunero se encuentran bien y que la fragata Canarias y el avión de patrulla marítima P3 Orión están en la zona en que permanece el pesquero, Chacón recordó que este año se han registrado 126 ataques y 44 secuestros de buques y consideró que el cautiverio del Alakrana podría llegar a ser «más largo» que el que sufrió el Playa de Bakio.

La titular de Defensa subrayó que el Ejecutivo es consciente de que es «muy complicado» dar seguridad a los pesqueros que faenan en un mar que ocupa tres veces la extensión del Mediterráneo y siete la de la península española y recomendó a los pesqueros que mantengan «contacto permanente» con la operación Atalanta y adopten todas las medidas de autoprotección «posibles», con iniciativas como vallar los barcos y dotarles de cañones de agua y sirenas de alto voltaje».

Afirmó además que las propias asociaciones de armadores de atuneros fueron las que decidieron la zona en la que iban a faenar para que la operación Atalanta estableciera sobre ella un perímetro de seguridad y recalcó que «es muy complicado tener seguridad total» en el Océano Indico.

La ministra de Defensa manifestó también el rechazo del Gobierno a la posibilidad de embarcar militares en los pesqueros por considerar que «no es posible» desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista operativo.

En este sentido, indicó que «legalmente no es posible» embarcar infantes de Marina en los pesqueros y subrayó que esta medida también está descartada desde el punto de vista militar, toda vez que el Estado Mayor de la Defensa asegura que «operativamente no es posible».

La ministra recordó que otros países como Alemania también han descartado incorporar militares a la flota pesquera y aseguró que el Ejecutivo lleva «todo el año» conversando con los armadores para reforzar su seguridad y les ha facilitado legalmente la incorporación de vigilantes privados a los barcos dotados con «armas de la magnitud suficiente» para hacer frente a los piratas.

La polémica en torno al secuestro en aguas cercanas a Somalia del pesquero español 'Alakrana' sigue creciendo. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha añadido más leña al fuego, acusando al Gobierno de «falta de previsión» para evitar casos como el de este pesquero. Ha señalado que es responsabilidad del Ejecutivo «garantizar la seguridad de sus nacionales en todo momento». «No puede mirar hacia otro lado. Ya muchos armadores están hablando del peligro», ha asegurado. María Dolores de Cospedal ha recordado al Gobierno, al término del Comité Ejecutivo del PP, que también es responsabilidad suya «decidir cómo se tiene que garantizar» esa seguridad de los españoles.