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El PP pide en la denuncia presentada en los juzgados de Plaza de Castilla por las filtraciones del 'caso Gürtel' que declaren el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho ('numero dos' de Rubalcaba), el comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González, y el comisario que dirige la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, José Luis Olivera. El responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, aseguró que con estas filtraciones se está tratando de desarrollar «un juicio paralelo con penas de banquillo anticipadas».

La denuncia que ha presentado el PP en los juzgados de Plaza de Castilla, con motivo de las filtraciones del 'caso Gürtel', señala que se ha producido una vulneración de ámbitos protegidos legalmente por el secreto. Del mismo modo, sostiene que ha habido una «revelación o divulgación a un tercero, para su publicación».

Por estos motivos, los populares apuntan a la Policía Judicial como responsable y solicitan la declaración del secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, el comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González, y el comisario que dirige la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, José Luis Olivera. El texto va acompañado de ocho recortes de informaciones relativas a esas filtraciones que aparecieron en el diario El País y la Cadena Ser entre los meses de marzo y julio de este año.

El PP cree que estas conductas tienen una «intención evidente y constante de dañar la imagen y perjudicar procesalmente a personalidades y dirigentes del PP y al propio Partido Popular». La denuncia detalla que estos hechos podrían ser constitutivos de «delito continuado de revelación de secretos» (artículo 197 y 198 del Código Penal), violación de secretos (artículo 417), revelación de actuaciones secretas (artículo 466) e interceptación ilegal de las comunicaciones con revelación recogido en el artículo 536.

El responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, explicó en una comparecencia en la sede nacional del PP que su formación ha venido denunciando «la continuada campaña de acoso» contra los dirigentes del PP y sus siglas.

A su juicio, se está intentando desarrollar «un juicio paralelo con penas de banquillo anticipadas». Por eso, emplazó a la Justicia a investigar y «aclarar cierto tipo de comportamientos» que no son «propios de un Estado de derecho democrático sino un Estado policial venturosamente superado en España».