El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Salud Sexual y Reproductiva que contempla el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto.
Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, acompañada de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, afirmó que las palabras «derechos, garantías, seguridad y respeto» definen este anteproyecto, que pretende «salvaguardar la dignidad de las mujeres».
El anteproyecto sitúa en 16 años la mayoría de edad para decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Para ello, plantea la modificación de la Ley de Autonomía del Paciente con el objeto de equiparar el aborto al resto de prestaciones sanitarias.
La nueva norma sustituye a la de 1985, que despenalizaba el aborto en los supuestos de violación, graves malformaciones del feto y daño para la salud física o psíquica de la madre.
La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que la reforma traslada a las jóvenes el mensaje de que pueden considerar el aborto como «un anticonceptivo más». Y esto «nos preocupa», subrayó Sáenz de Santamaría, quien también dijo que no comprenderá «nunca» por qué esta reforma incluye que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento de sus padres «y sin su conocimiento».
Por su parte, los grupos pro vida denunciaron que la reforma no es «equilibrada», se ha justificado «a base de mentiras y tergiversaciones» y es la muestra de «una inmensa irresponsabilidad política».
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