El amargo limbo de los obreros de Catisano

Los empleados de esta fábrica de Maó acumulan ya cinco mensualidades impagadas, aunque siguen acudiendo diariamente a sus puestos de trabajo. Lo hacen para poder optar a las indemnizaciones en caso de probable despido, ya que la empresa se encuentra inmersa en un concurso de acreedores.

En efecto, si renuncian a su trabajo perderían el derecho a cobrar el subsidio de desempleo y la indemnización por extinción de contrato. Así, el caso es un lamentable bucle legal: su única salida es seguir trabajando aunque sin percibir salario por ello.

Denegado

Por si fuera poco, el pasado 7 de abril el Govern balear denegaba a la treintena de afectados el «avanzamiento reintegrable», una línea de ayudas de hasta 2.400 euros dirigida a empleados de empresas que sufren un expediente de regulación de empleo, el conocido como ERE. Según la Conselleria balear de Treball, los requisitos para percibir esta ayuda son, efectivamente, «que la empresa sufra un ERE, que los empleados acumulen tres meses sin cobrar y que la actividad haya cesado en la empresa afectada».

Así, los obreros de Catisa no cumplen la primera y la tercera exigencia: la factoría sigue produciendo porque tiene pedidos por entregar y los administradores que la gestionan aún no pedido el Expediente de Regulación.

Sea como fuere, lo cierto es que los asalariados se han quedado sin cobrar, escenario que Martorell describe como «kafkiano». Según el administrador, «es increíble ver como la Conselleria deniega una subvención que ha impulsado ella misma». En efecto, fuentes del departamento manifestaron ayer que el caso de los empleados de Catisa «no tiene solución por ahora».

La misma impresión transmitieron desde CC.OO. Ramon Carreras, secretario general del sindicato en la Isla, recordó que la entidad «ha pedido sentido humano al Govern», aunque abrió la puerta a una solución.

Acelerar el ERE

Así, el sindicalista avanzó que la entidad instará al juez que rige la empresa «a iniciar el proceso de regulación de empleo para que puedan cobrar los trabajadores». De lo contrario, si el magistrado espera el veredicto de los administradores concursales de Catisa, el pago a los empleados «puede demorarse varios meses».

No obstante, hasta determinar si la justicia acepta la petición de CC.OO, lo cierto es que los 31 asalariados de la bisutera siguen sumidos en el limbo jurídico que les mantiene sin ingresos. Ayer mismo, los empleados denunciaron que no pueden reclamar judicialmente a Treball el reintegro por ERO «porque no tienen ni para comer». Según ellos, ya han tenido que pedir prestado dinero a sus familias «para pagar servicios básicos», lo que visualiza el «drama que vivimos».