La Fiscalía mantiene su petición de entre 5 y 4 años y medio de cárcel para los tres mandos militares acusados de identificar erróneamente 30 de los 62 cadáveres de los muertos en el Yak-42, en una sesión en la que forenses turcos dijeron que los militares sabían que repatriaban cuerpos sin identificar y tenían prisa por llegar al funeral.
Además, solicita una multa y una inhabilitación especial para cada uno de los tres acusados: de 30.000 euros y 5 años para Navarro y de 24.000 euros y 4 años y medio para Ramírez y Sáez. El fiscal acusa a Navarro de elaborar la lista con los militares muertos y «rellenar» de forma arbitraria y «caprichosa» los treinta espacios en blanco que había en esa relación de nombres y que correspondían a los de los militares que las autoridades turcas no pudieron identificar.
Los forenses turcos Bülent Sam y Omer Müslümanoglu afirmaron que los militares, con el general Navarro al mando, insistieron en repatriar a España los cadáveres sin identificar, porque «tenían que llegar al funeral».
Este testimonio se contradice con la declaración efectuada por el general Navarro, en la que atribuyó a las autoridades y forenses turcos problemas con la gestión de los cadáveres.
El experto turco aseguró que subrayaron que para la correcta identificación se tendría que hacer un test de ADN, pero «los militares responsables españoles insistían en llevarlos sin identificar porque habían dicho que tenían que llegar al funeral que se iba a celebrar en España».
Sam aseguró que los jefes militares españoles les prometieron que terminarían los trabajos de identificación en España y firmaron el documento final.
Destacó que los trabajos de identificación los realizaron cuatro médicos forenses turcos y «con presencia de militares españoles».
Los forenses, en unas declaraciones a los periodistas, afirmaron que vieron al general Navarro beber vodka y que «olía a alcohol».
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