Garzón se inhibe en la causa del franquismo y la remite a los juzgados provinciales

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón hizo público ayer un auto en el que declara extinguida la responsabilidad penal de Franco y otros 44 altos cargos del régimen en los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo por haber fallecido.

Con esta decisión, el magistrado deja en manos de los juzgados de Instrucción de las provincias donde existen fosas comunes la causa que abrió el pasado 16 de octubre. Sin embargo, al mismo tiempo, insiste en que la investigación debe seguir adelante porque, en contra del criterio de la Fiscalía, los delitos no han prescrito por la aprobación de la Ley de Amnistía de 1977.

En su auto, Garzón explica que «una vez constatada documentalmente la defunción de los principales responsables» de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo «procede, como propone el fiscal, la inhibición a cada uno de los jueces territorialmente competentes».

De este modo, la razón de su inhibición es que «ha dejado de estar vigente la conexión» entre los delitos contra los altos organismos de la nación y de detención ilegal en el contexto de crímenes contra la humanidad de los que les acusaba, pero pide que continúe la investigación.

Para defender que continúe investigándose la causa, Garzón contradice al Ministerio Fiscal porque «no es lo mismo declarar extinguida la irresponsabilidad» de Franco y 45 altos mandos de su régimen «por fallecimiento» que «otorgarles la impunidad, el perdón y el olvido judicial». En este sentido, recuerda la decisión que el Comité de Derechos Humanos de la ONU aprobó el 27 de octubre de 2008, en la que instaba al Estado español a «considerar la derogación de la Ley de Amnistía» y que tomara «las medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad».

Esta resolución -en la que también se recomendaba la creación de una comisión de expertos que restableciera «la verdad histórica»- dice claramente, según el juez, cuál debería ser la pauta a seguir en esta investigación y que «desde luego no coincide con la interpretación que hace el Ministerio Fiscal en esta causa».

Garzón critica que la Fiscalía piense que esos crímenes prescribieron con la Ley de Amnistía por tener «una naturaleza política» o que dé «por muertas» a todas las víctimas de esos delitos cuando en casos que investiga la Audiencia Nacional como el del etarra Pertur o los responsables de los campos de concentración nazis defiende lo «contrario».