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EFE/OTR-MADRID La expectación ha adelantado las reacciones políticas del Gobierno y de los partidos a la sentencia del tribunal del 11-M y tanto socialistas como populares ya han abierto la guerra de declaraciones políticas. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha considerado que la sentencia por los atentados del 11-M será la «respuesta del Estado de Derecho a unos hechos aberrantes».

José Blanco, secretario de Organización del PSOE, ha indicado en Zaragoza que espera que si «alguien», una vez que lea la sentencia sobre el 11-M, considera que «se excedió en sus apreciaciones o en sus intenciones» pida disculpas a los ciudadanos.

Manipular
En Madrid, el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, ha acusado al Gobierno y al PSOE de inventarse la sentencia del juicio del 11-M para «manipular e instrumentalizar» una decisión judicial con el fin de «atacar» al adversario político y «engañar» a la sociedad.

Daniel Sirera, presidente del PPC, ha dicho en Barcelona que desde el PP «nunca hemos dicho que ETA estaba detrás» del atentado del 11-M y ha agregado que tampoco ha encontrado declaraciones diciendo que había una teoría de la conspiración.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, ha asegurado que esta sentencia establecerá «la verdad judicial» y «tendrá que ser respetada» por todos los partidos, es más, el Estado de Derecho «pone a todo el mundo en su sitio».

Juan Fernando López Aguilar, secretario general del PSC-PSOE, ha manifestado en Santa Cruz de Tenerife que la sentencia servirá para poner «en su sitio los que han hecho de la mentira su signo político».

Gaspar Llamazares, coordinador general de Izquierda Unida, ha expresado la «plena confianza» de su grupo parlamentario en la sentencia, después de haber respaldado la investigación y la instrucción, al tiempo que se ha mostrado convencido de que la resolución «será ajustada a derecho» y pondrá a cada uno en su lugar, sobre todo a los culpables del atentado.