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Faltaban pocos minutos para las diez de la mañana de ayer cuando el juez marbellí Francisco Javier de Urquía, llegaba a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, para declarar por su presunta implicación en el 'caso Malaya'. Comparecía por el procedimiento penal que se le ha abierto ya que se sospecha que el magistrado podría haber cometido delitos de prevaricación y cohecho, los más graves que se le pueden imputar a un juez. Tras más de dos horas de declaración el juez quedó en libertad aunque será investigado.

El titular del Juzgado número 2 de Marbella fue suspendido cautelarmente el jueves de su puesto por su presunta implicación en el 'caso Malaya' y se le abrió un procedimiento penal por el cual ayer tuvo que prestar declaración ante el máximo tribunal de justicia andaluz. De Turquía llego en torno a las diez de la mañana acompañado de su abogado asegurando que no podía hacer declaraciones, ya que éstas «eran declaradas secretas». Minutos antes llegaba a las dependencias del tribunal andaluz el juez que le tomaría declaración, Miguel Pascua.

De Turquía realizó su declaración como imputado por los delitos de cohecho y prevaricación y su declaración ha sido como la de cualquier otro imputado en un procedimiento normal. Tanto el juez que tomó la declaración durante cerca de dos horas y cuarto como el fiscal que estuvo presente en la declaración optaron por no aplicar ninguna medida cautela excepcional contra Turquía.

De momento Turquía, que sigue estando suspendido temporalmente de su puesto de trabajo, continúa imputado en el Caso Malaya por los delitos de prevaricación y cohecho, por los que seguirá siendo investigado.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó por unanimidad en una reunión extraordinaria suspender cautelarmente de funciones al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, al existir sospechas de que podría haber cometido delitos de prevaricación y cohecho en relación con la operación 'Malaya'. Estos delitos son los más graves que se pueden imputar a un juez.