Cuando el etarra fue trasladado de Madrid a la capital guipuzcoana, la Junta de Tratamiento de la prisión de Aranjuez, de la que depende el preso, estipuló que «una vez cause alta en el centro hospitalario» y mientras tenga que seguir tratamiento médico ambulatorio, De Juana no se verá obligado a dormir en prisión, siempre que se apliquen «los dispositivos de seguimiento telemático». La aplicación de estos controles telemáticos quedó condicionada, según aquella resolución, a su «expresa aceptación por parte del penado».
Prisiones, por tanto, no ha decidido todavía la aplicación de las medidas de control telemático del recluso, como pulseras o tobilleras electrónicas y el sistema de reconocimiento de voz.
Por otra parte, el Ministerio del Interior aseguró que una supuesta negativa del etarra José Ignacio de Juana a someterse a alguno de estos dispositivos para controlar sus movimientos una vez que reciba el alta no condicionaría la decisión que en el futuro se adopte sobre él.
Este departamento también negó que, en contra de lo que fuentes del caso informaron ayer, De Juana se haya negado inicialmente a utilizar la pulsera.
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, dijo ayer respecto al alta médica que el Gobierno «ha actuado siempre» y «lo seguirá haciendo» con la ley en la mano. La vicepresidenta defendió que la administración penitenciaria no ha recibido el alta hospitalaria del etarra y que, por esa razón, no se ha tomado ninguna decisión.
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