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El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha encargado un informe sobre la actuación del Ministerio Público y del tribunal, que tratará de determinar si las actuaciones producidas desde la interposición de la querella por enaltecimiento del terrorismo contra Otegi en 2001 lo han sido conforme a derecho, especialmente a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en relación con el principio acusatorio, que impide dictar condena si ninguna parte acusa.

El cruce de acusaciones por la absolución de Otegi no se limitó, no obstante, al ámbito judicial, ya que Conde-Pumpido acusó al PP de «sacar a los falangistas a la calle» para manifestarse delante de la sede de la Fiscalía cuando toma una decisión «que no es la que la oposición quiere que tome».

«Si la Fiscalía no ha cometido ningún error, habrá que ver quién lo ha cometido», señalaron las fuentes, que añadieron que, en principio, el informe no se ha encargado con la finalidad de preparar acciones contra el tribunal que juzgó a Otegi.

Por otra parte, el enfrentamiento entre el tribunal que absolvió al portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y la Fiscalía, que obligó a esa sentencia al retirar la acusación, llegó al Consejo General del Poder Judicial, que previsiblemente se pronunciará mañana sobre el asunto.

Cuatro vocales de la mayoría conservadora del Poder Judicial pidieron al pleno que se manifieste sobre la nota de prensa emitida el viernes por el Ministerio Público, en la que se afirma que la sentencia notificada por el tribunal -donde se aseguraba que había pruebas de cargo suficientes para condenar a Otegi- demuestra su falta de imparcialidad en este caso.

En un escrito dirigido al pleno, los vocales Enrique López -portavoz del CGPJ-, José Luis Requero, Carlos Ríos y Javier Laorden piden que se incluya este asunto en la sesión plenaria «en defensa de la imagen de imparcialidad e independencia de los órganos judiciales».