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Como se esperaba, Bruselas y Madrid se verán las caras ante el Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo.

Desde el Ejecutivo español, su máximo representante económico, Pedro Solbes, aseguraba ayer que lo más positivo es que el Tribunal europeo sea quien delimite los parámetros de competencias.

El endurecimiento de la postura del Ejecutivo español de no modificar las condiciones impuestas a E.ON para la compra de la eléctrica Endesa ha decidido a la Comisión Europea a denunciar a España ante el TUE ya que considera que el decreto español vulnera la normativa comunitaria.

El Gobierno español, que ya modificó parte de las condiciones impuestas a E.ON para la compra de Endesa, no ha retirado los requisitos restantes -entre ellas, la obligación de mantener la marca Endesa o la prohibición de venta de activos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla-, por lo que la Unión Europea ha decidido llevar a cabo su amenaza y denunciar a España ante el Tribunal europeo por decreto de 2006 que facultó a la Comisión Nacional de la Energía a imponer condiciones a la alemana E.ON para la adquisición de Endesa.

El Ejecutivo comunitario considera que este decreto representa una «restricción injustificada» de los principios de libre circulación de capitales y derecho de establecimiento y por ello vulnera la normativa comunitaria. Además, Bruselas ve «insatisfactorios» los argumentos presentados por el Gobierno español en defensa del decreto, sobre todo si se tiene en cuenta la propia jurisprudencia del Tribunal.