Diez condenados en el sumario Jarrai-Haika-Segi ofrecieron el jueves una rueda de prensa. Foto: DAVID AGUILAR/EFE

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El Tribunal Supremo declaró ayer a las asociaciones juveniles abertzales Jarrai, Haika y Segi organizaciones terroristas, al entender que estos colectivos forman parte del entramado de ETA. La sentencia del Supremo estima los recursos interpuestos por la fiscalía y por la AVT, y corrige así la de la Audiencia Nacional que en junio de 2005 consideró a las organizaciones juveniles eran asociaciones ilícitas no terroristas. Este cambio de criterio supone que las sentencias de los condenados -24 en la sentencia de la Audiencia, 23 en la del Supremo que absuelve a uno de los encausados- se elevan desde los de dos años y medio de cárcel hasta seis. Se ha dictado orden de busca y captura para los 23 condenados y anoche sólo tres de ellos habían sido detenidos.

Con la sentencia del Alto Tribunal, primer gran revés al entorno de ETA desde el atentado de Barajas, Jarrai y sus sucesoras se convierten en la primera organización del entramado etarra disuelta en sentencia firme. En su fallo, aprobado con tres votos a favor y dos votos particulares, el Supremo afirma que mantiene «el resto de pronunciamientos contenidos en la sentencia de instancia respecto al abono de la prisión preventiva, y disolución de las sociedades Jarrai, Haika y Segi, como asociaciones ilícitas constitutivas de banda, organización o grupo terrorista». Al considerarles «responsables de un delito de integración en asociación ilícita, constitutiva de banda, organización o grupo terrorista, en concepto de integrantes de ellas», se les han impuesto 6 años de prisión, la pena más leve de las previstas en el Código Penal para este tipo de delitos.

El único de los 24 acusados que ha sido absuelto por el Supremo, al entender que no se ha acreditado su integración en las citadas organizaciones juveniles, ha sido Egoitz López de la Calle, que fue condenado por la Audiencia a tres años y medio como dirigente y estuvo en prisión por esta causa entre el 7 de junio de 2001 y el 1 de abril de 2005. Para los otros 23 la Audiencia Nacional dictó inmediatamente después de conocer la sentencia del Supremo órdenes de detención contra los 23 acusados, en coordinación con la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y la Ertzaintza. La mayoría de ellos se encontraban en libertad.