Sin embargo, la causa contra Carretero, que se abrió a raíz de una querella por prevaricación y desobediencia presentada por un abogado de Puigcerdá, será enviada ahora a un juzgado de esa población gerundense, puesto que el conseller, que no es diputado, ha perdido su condición de aforado.
Según la querella, presentada en junio de 2004 por un abogado de Puigcerdá en representación de varios comerciantes de la localidad, las dos sociedades habrían pagado supuestamente al consistorio 240.000 y 120.000 euros, por la obtención de sendas licencias para la construcción de una gasolinera y un supermercado y la ampliación de una zona comercial, respectivamente.
Según ha informado ayer el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, dicha petición fue remitida al TSJC por ser el tribunal que debía procesar a Carretero, dada su condición de aforado al tratarse de un conseller de la Generalitat catalana.
Carretero y el actual alcalde de Puigcerdá, Joan Planella, también de ERC, están siendo investigados por los presuntos delitos de prevaricación urbanística, desobediencia y cohecho, por haber modificado supuestamente los planes urbanísticos de la población para beneficiar a las empresas Gesdip y Supeco.
La fiscalía envió a última hora del jueves al TSJC un escrito de 30 folios en el que solicitaba la incoación de procedimiento abreviado contra Carretero, que todavía era conseller de la Generalitat.
Fuentes judiciales explicaron ayer que el TSJC no ha tomado todavía ninguna decisión sobre este asunto.
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