El presidente del CGPJ y del Supremo, Francisco José Hernando,
apeló ayer a la independencia del Poder Judicial para negarse a
informar en el Congreso de la ejecución de las penas a miembros de
ETA, lo que motivó las críticas de todos los grupos parlamentarios,
salvo el PP, y de la minoría del Consejo.
Pese a todo, el presidente del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) comunicó a la Cámara: «mi deber constitucional de defensa de
la independencia judicial, plasmado en la Norma Suprema, me impide
finalmente, fuera cual fuese mi deseo personal, comparecer ante la
Cámara».
Apenas una hora antes de la prevista -16:30 horas-, Hernando
remitió un fax al Congreso informando de su decisión de no
comparecer, al no haber encontrado «forma alguna de cumplir el
objeto de la comparecencia» sin realizar manifestaciones que le
están «vedadas» como presidente del Tribunal Supremo.
Pese a todo, el presidente de la comisión de Justicia, Alvaro
Cuesta, abrió la sesión a la hora fijada, dio cuenta de los
trámites con los que se había fijado al comparecencia y leyó el
escrito de Hernando para levantar la sesión cinco minutos después.
El escrito del presidente del CGPJ y del Supremo respondía a otro
de la comisión de Justicia en el que se le comunicaba que su
comparecencia seguía en pie y que se rechazaba su petición de
reconsiderarla, a la vez que se le aclaraba que la misma no tenía
por objeto analizar «ninguna sentencia», sino colaborar con el
Parlamento y recibir información.
Hernando, insistiendo en su tesis de que el Congreso no puede
establecer un control parlamentario sobre su actividad más allá de
la comparecencia respecto de la memoria anual, aseguró que «no
existe cauce alguno» para exigir su comparecencia, además del
citado. Alegó que el único deber de comparecencia en el Parlamento
que «de modo claro» establece la Constitución se refiere a los
miembros del Gobierno, mientras para el resto de autoridades se
limita a un deber de «información» y «ayuda».
Tampoco se siente Hernando concernido por la obligación de
comparecer que recoge el Reglamento del Congreso, ya que considera
que ésta debe subordinarse al principio de división de poderes y de
independencia del Poder Judicial. El ministro de Justicia, Juan
Fernando López Aguilar, quien recordó al obligación de comparecer
de todas las autoridades del Estado, consideró un «honor» poder
hacerlo y dijo que no debe interpretarse como ningún acto de
«injerencia o control, sino exclusivamente como un acto de
colaboración».
Nada más conocerse la decisión del presidente del Consejo, los
vocales de la minoría progresista del órgano de gobierno de los
jueces hicieron público un comunicado en el que pusieron de
manifiesto su «absoluto rechazo» a su incomparecencia, que
calificaron de «flagrante incumplimiento del deber constitucional
que impone a cualquier autoridad el artículo 109 de la
Constitución».
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