Según explicó la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega, tras el consejo de ministros, el objetivo del
Gobierno es «reducir los delitos cometidos por los menores, sobre
todo aquellos que tienen una especial gravedad». «Se trata de
mejorar los instrumentos penales y procesales par luchar contra los
menores y proteger, por tanto, la seguridad de los ciudadanos»,
destacó.
El texto definitivo que se envía al Congreso recoge algunas
aportaciones realizadas por el Consejo General del Poder Judicial,
el Fiscal General del Estado y las comunidades autónomas. En lo que
se refiere al acoso escolar, el texto establece el alejamiento del
agresor, no sólo de la víctima, sino también del centro educativo
al que ésta asista.
La reforma de la Ley del Menor pretende conciliar la orientación
educadora de las medidas y el interés superior del menor con una
mayor protección de las víctimas, con instrumentos «más adecuados»
frente a nuevos fenómenos de la delincuencia, como las bandas
organizadas y el acoso escolar. Así, se refuerzan los instrumentos
al alcance del juez para que éste pueda dar una respuesta
individualizada y más eficaz en cada caso. En líneas generales, se
extienden los períodos máximos de las medidas de internamiento y se
ofrece la posibilidad al juez de menores de dar «la respuesta
sancionadora y reeducativa más adecuada para cada caso, tratado
siempre de manera individual». También se contempla la posibilidad
«excepcional» de que el delincuente ingrese en un centro
penitenciario al cumplir los dieciocho años. En estos casos, el
juez deberá oír al abogado de manera previa.
De la Vega entiende que los delitos cometidos por menores, a
veces solos y otras acompañados, son en muchos ocasiones, «más de
las deseadas», de actos «graves e incluso a veces brutales».
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