El general jefe de la Fuerza Terrestre, José Mena, en una foto tomada el pasado cinco de noviembre en Palma.

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Al Estatuto catalán le ha salido un nuevo enemigo y este no es menor. Un alto mando militar aseguró ayer, durante su discurso con motivo de la Pascua Militar, que si algún Estatuto de Autonomía sobrepasara los límites de la Constitución, el Ejército, como garante de la Carta Magna, tendría que intervenir. El teniente general alerta de las graves consecuencias que implicaría para el Ejercito y sus componentes la aprobación del Estatuto del gobierno catalán.

El teniente general del Ejercito de Tierra y general jefe de la Fuerza Terrestre, José Mena Aguado, alertó de las graves consecuencias que tanto para las fuerzas armadas como institución como para las personas que las integran podría conllevar la aprobación del Estatuto de Catalunya en los términos que está planteado.

En su intervención durante el acto de la Pascua Militar celebrado en Sevilla, el general Mena afirmó que aunque considera que los militares no deben entrar en disquisiciones políticas que afectan a otro ambito, es su obligación alertar de las consecuencias de aprobar la actual propuesta de reforma del Estatuto catalán.

Según Mena, «el hecho de que en una autonomía sea exigible el conocimiento de su lengua particular es una aspiración desmesurada que obligaría en las Fuerzas Armadas a regular los destinos a esa autonomía de la misma forma que actualmente se regulan los destinos en el extranjero».

El jefe de la Fuerza Terrestre recordó que «afortunadamente», la Constitución española «marca una serie de limites infranqueables para cualquier estatuto de autonomía, de ahí que reitero mi mensaje de tranquilidad».

Sin embargo, subrayó que «si esos límites fuesen sobrepasados, lo cual en estos momentos afortunadamente parece impensable, sería de aplicación el artículo octavo de la Constitución: las fuerzas armadas, constituidas por el Ejercito de Tierra, la Armada y el Ejercito del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad, y el ordenamiento constitucional».

Las declaraciones del teniente general, quien tiene previsto jubilarse el próximo marzo, no han sido bien acogidos por los máximos responsables de Defensa, las Fuerzas Armadas y la clase política.