El Gobierno no cederá a la Generalitat de Catalunya la recaudación,
gestión e inspección de todos los impuestos del Estado, tal como
reclamaba el proyecto de Estatut catalán aprobado en el Parlament
por PSC, CiU, ERC e ICV-EUiA y remitido a las Cortes para su
discusión.
La propuesta del Gobierno apunta que el nuevo modelo debe
enmarcarse en el sistema general de financiación y ser extensible a
todas las comunidades. Asimismo, no relaciona el volumen de
inversiones en infraestructuras en Catalunya con el porcentaje del
PIB que representa la economía catalana sobre la del conjunto del
Estado y limita las competencias de la Generalitat en materia de
haciendas locales.
El Ejecutivo central remitió anoche a los partidos catalanes su
propuesta de financiación autonómica, que debe incorporarse a la
reforma del Estatut, en la que sí reconoce la creación de una
agencia tributaria catalana que gestione los tributos propios de la
Generalitat y los cedidos por el Estado, según han confirmado
fuentes parlamentarias.
El documento, elaborado por el vicepresidente económico, Pedro
Solbes, elimina sin embargo las referencias a la recaudación,
gestión e inspección por parte de la Generalitat de los impuestos
del Estado, según avanzaron anoche la Cadena Ser y TV3.
Asimismo, la propuesta de Solbes ha obviado el apartado referido
a cuál debe ser la aportación de Catalunya por los servicios que
presta el Estado y su cuota de solidaridad, ya que ha quedado «en
blanco», es decir, que el Gobierno no ha entrado sobre esta
cuestión.
Previamente, la vicepresidenta del Gobierno y el presidente de
la Generalitat se habían mostrado confiados en que habrá un
«acuerdo básico» sobre el Estatut antes del 27 de diciembre,
mientras CiU ve «más razonable» hablar de finales de enero, porque
las «conversaciones aún no están suficientemente maduras».
Entretanto, si hace unos días el presidente de la patronal
Fomento del Trabajo, Joan Rosell, criticaba el «intervencionismo»
del Estatut, ayer el Círculo de Economía incidió en esta cuestión
al lamentar la «escasa calidad jurídica» del texto y el clima de
«crispación» de la vida política.
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