Amnistía Internacional presentó ayer un informe sobre la actuación
de España y Marruecos en el entorno del vallado de Ceuta y Melilla,
donde, aseguró, se registran violaciones repetidas y graves de la
integridad física de las personas, hay impunidad y se constata «una
erosión seria» de las leyes.
Precisamente, ayer el ministro delegado de Exteriores de Marruecos,
Tayeb Fassy Fihri, informó de que cuatro de los seis inmigrantes
muertos mientras intentaban atravesar la frontera con Melilla el 6
de octubre fallecieron por disparos de fuerzas marroquíes y otros
dos por «golpes propinados a su físico».
El jefe de la misión de investigación que AI envió a Ceuta,
Melilla y el Norte de Marruecos, Javier Zúñiga, señaló que la
organización tiene constancia oficial de once muertes y centenares
de heridos y reclamó la constitución de una comisión independiente
para investigar los hechos.
AI constató también «serias irregularidades» en el proceso de
devolución a Marruecos de 73 subsaharianos, que «en ningún momento
tuvieron constancia de que tenían un abogado» y no conocían sus
derechos, porque «se les dijo que se les enviaba a la
Península».
La Guardia Civil insistió en que actuó «de manera proporcionada
y en todo momento ajustada a la legalidad» para hacer frente a los
intentos de entrada masiva de inmigrantes.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
destacó por su parte que Europa es una meta para cientos de miles
de personas en todo el mundo y que los países que están «cerca de
la puerta» de entrada no pueden ser los únicos que tengan que
asumir la «responsabilidad de regular las condiciones de
entrada».
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