España podrá juzgar genocidios aunque no haya víctimas nacionales

Este proceso judicial comenzó en 1999, cuando Rigoberta Menchú interpuso una denuncia ante el Juzgado de Guardia de la Audiencia Nacional, en la que narraba hechos como posibles delitos de genocidios, torturas, terrorismo, asesinato y detención ilegal que fueron perpetrados en Guatemala entre los años 1978 y 1986 por una diversidad de personas que ostentaban en esos años funciones públicas de carácter civil y militar. Entre esos hechos estaba el asalto a la Embajada de España en este país y la muerte de varios sacerdotes españoles.

El juez asumió la procedencia para estudiar el caso y admitió a trámite la querella, a pesar de que el fiscal propuso su archivo. El fiscal, de hecho, recurrió en apelación ante el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y éste decidió ordenar al juez el archivo de las diligencias. Su argumento, que es prioritaria la jurisdicción del país donde han ocurrido los hechos y sólo ante la inactividad judicial de dicho país la competencia pasaría a otro.

Las partes acusadoras recurrieron este fallo ante el Supremo. Este Tribunal sólo estimó parcialmente el recurso y limitó el enjuiciamiento por genocidio a los presuntos culpables que estuvieran en territorio nacional y no se accediera a su extradición. Pero mantenía que España no podía juzgar ni el asalto a la Embajada de nuestro país en Guatemala ni tampoco los asesinatos de sacerdotes españoles. «No le corresponde a ningún Estado en particular ocuparse unilateralmente de estabilizar el orden (...) contra todos y en todo el mundo», explicaba el Supremo.