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El pleno del Congreso cerró ayer la comisión de investigación del 11-M con la aprobación por todos los grupos, salvo el PP, del dictamen en el que se concluye que el anterior Gobierno manipuló la información de la masacre por interés electoral y descuidó la seguridad ante el terrorismo islamista. El documento que resume lo ocurrido antes y después de los atentados de Madrid fue aprobado por 184 votos a favor, 145 en contra y una abstención, mientras que el apartado de medidas sobre víctimas y seguridad contó con un apoyo unánime.

Aunque ERC, PNV y grupo Mixto exigieron responsabilidades políticas a Aznar y a los ex ministros Angel Acebes, Eduardo Zaplana y Ana Palacio por su gestión en la crisis, el PSOE no lo aceptó. El portavoz socialista, Alvaro Cuesta, quiso dejar claro que hubo «infravaloración» de los riesgos y la respuesta, así como una «falta de impulso político», aunque a renglón seguido afirmó que los terroristas son «los únicos responsables de lo ocurrido» y que hubiera sido difícil haber evitado los atentados «fueran cuales fueran las medidas adoptadas».

Los grupos hicieron un llamamiento a la unidad frente al terrorismo y a la solidaridad con las víctimas, aunque el PP, que negó las acusaciones al Ejecutivo de José María Aznar, insistió en seguir investigando para aclarar las incógnitas de la trama aún no resueltas. En el dictamen final, se acredita que el 11-M fue obra de radicales islamistas, que no hubo ninguna conexión con ETA y que la hipótesis de que ésta hubiera sido la responsable se debilitó a las pocas horas de los atentados a tenor de los datos policiales.

El desacuerdo sobre la versión de los hechos no impidió que todos los grupos aprobaran un conjunto de más de 150 propuestas sobre seguridad y víctimas que incluye la creación de una alianza contra el terrorismo internacional.

El PSOE también rechazó los votos particulares de CiU, ERC, PNV, IU-ICV y grupo Mixto en los que pedían un acuerdo único, al entender que el nuevo pacto es compatible con el firmado con el PP contra ETA.