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El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó ayer la enmienda a la totalidad del PP contra el proyecto de ley del Gobierno que permitirá devolver parte de la documentación contenida en el Archivo de Salamanca a la Generalitat de Catalunya y apoyó la devolución de esos papeles.

La enmienda fue rechazada por 135 votos a favor, 187 en contra y dos abstenciones de los bancos del PP, Jorge Moragas y Alicia Sánchez Camacho.

En el debate de totalidad al proyecto de ley y la enmienda a la totalidad planteada por el PP, el diputado de este grupo Gonzalo Robles defendió la devolución del proyecto de ley porque el Gobierno «ha vulnerado» varios supuestos, como la custodia de documentos, la defensa del interés general o los criterios de la UNESCO sobre los archivos de la represión.

En la defensa inicial de la iniciativa, la ministra de Cultura, Carmen Calvo, recordó que el contencioso se remonta a los primeros años de la transición democrática y que la sustracción de documentos desde el inicio de la Guerra «a sus legítimos propietarios» da «un sustento moral y de justicia a las innumerables peticiones de restitución producidas».

Recordó la aprobación en el Congreso de una iniciativa en mayo de 2004 que instaba a abrir un proceso de diálogo entre el Ejecutivo central y la Generalitat para alcanzar un acuerdo que permita resolver el contencioso.

Aludió a las conclusiones del comité de expertos que consideraron «justas y legítimas» las reivindicaciones de la Generalitat y aconsejaron la apertura de un procedimiento para dar cauce a las reclamaciones de reconocimiento de titularidad y posterior restitución de documentos.

Para la ministra, «no puede hablarse de ruptura de la integridad del Archivo si una parte de sus fondos se remiten a otra institución con las consiguientes obligaciones de conservación, consulta y acceso excepcional a los originales», además de mantener copias en el de Salamanca.

Se refirió a la «apuesta» por el futuro del Archivo con la obligación por parte del Gobierno de crear un Centro Documental de la Memoria Histórica con sede en Salamanca y solicitó el apoyo del resto de grupos para dar solución «a una situación injusta».