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El juez de instrucción número 42 de Madrid archivó ayer la causa seguida por una supuesta agresión al ministro de Defensa, José Bono, en la manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) el pasado 22 de enero, informaron fuentes jurídicas.

Esta denuncia del PP está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, ante cuyo titular han declarado ya en calidad de imputados el comisario jefe de la Brigada de Información de Madrid y un inspector de Policía que actuó como secretario del atestado policial.

La causa fue abierta tras recibir el juzgado el atestado policial en el que se relataban los incidentes registrados durante la citada manifestación y en ella se encontraban imputados los militantes del PP Isidoro Barrios y María Antonia de la Cruz.

Las fuentes consultadas destacaron que precisamente ayer, y una vez que el juez había decretado ya el sobreseimiento, llegó al juzgado el escrito en el que Bono solicitaba personarse en la causa.

La representación del PP en esta causa había solicitado el archivo de las actuaciones y paralelamente presentó una denuncia por supuesta detención ilegal de sus dos militantes imputados.

También ha comparecido como imputado en esta causa el inspector jefe de Policía que interrogó a los dos afiliados y en calidad de testigo el jefe superior de Policía de Madrid, Miguel Àngel Fernández Rancaño. Además, el pasado 13 de mayo una comisión judicial y los abogados personados en la causa se desplazaron hasta la sede de la Delegación del Gobierno de Madrid para que declararan también como testigos el delegado del Gobierno, Constantino Méndez, y el jefe del Grupo de Conflictividad Social.

Tras esta diligencia, el PP amplió la denuncia a los presuntos delitos de prevaricación y falso testimonio y acusó a Méndez de haber recibido instrucciones para detener a los dos militantes, aún sabiendo que los hechos no eran ciertos, lo que éste niega. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dijo en relación con los acontecimientos que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, «tendrá que dar muy buenas explicaciones o dimitir».