El presidente de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, solicitó ayer por
carta al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que
actúe por las amenazas que se lanzaron contra él durante la
manifestación del sábado en Salamanca para pedir que los papeles
del archivo de la guerra civil no se envíen a Catalunya, como
decidió el Gobierno. Conde-Pumpido aseguró que no puede
pronunciarse sobre esta cuestión y pidió la «desjudicialización de
la vida política».
Carod pretende que Conde-Pumpido intervenga ante «las amenazas
directas de muerte» hacia su persona en algunas de las pancartas de
la manifestación, en las que se pudo leer «Rovira al paredón» o
«Carod, ésta es tu caja» junto a un ataúd. ERC pretende que el
fiscal general aclare si ha actuado de oficio y si la organización
de la manifestación incurrió en alguna ilegalidad por no ordenar la
retirada de estas pancartas, que tachó de «delictivas». Cuando haya
respuesta, la formación republicana decidirá si se querella contra
los organizadores.
Conde-Pumpido habló sobre esta cuestión asegurando que «cada
persona es libre de ejercer las acciones oportunas» y dejó en manos
de los tribunales la decisión en su momento de esta cuestión. Eso
sí, se mostró convencido de que todos deben «desjudicializar la
vida política», porque «el debate político debe hacerse en los
parlamentos».
ERC también estudia la posibilidad de querellarse contra el
periodista Federico Jiménez Losantos y la Cadena Cope por un delito
de injurias y calumnias reiteradas, porque «cada día promueve la
hostilidad a Catalunya». La formación contempla la posibilidad de
acudir a la Justicia europea para reivindicar la defensa de la
libertad de expresión y «hacer valer el derecho por encima de la
barbarie».
Carod evitó atribuir algún delito al PP, pero advirtió que «no
era ERC quien organizó la marcha ni sus dirigentes quienes iban en
la cabecera», por lo que, dijo, deberían desmarcarse de las
amenazas.
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