La recuperación del tramo de IVA cedido a las autonomías y el
mantener el impuesto de sociedades son las dos claves del nuevo
modelo de financiación autonómica que el Gobierno va a llevar a la
cumbre de presidentes del próximo mes de junio.
Los planes del Ejecutivo son negociar el modelo a lo largo de 2006
y aprobarlo en 2007, para que entre en vigor un año después. Desde
el PSOE se alegran de que el presidente del PP, Mariano Rajoy, haya
rectificado y que el PP acepte ahora las reformas. Los populares,
en cambio, argumentan que lo hacen porque, si se abre el proceso de
negociación, las comunidades autónomas en las que gobiernan no
pueden ser menos que las demás.
El Ejecutivo centralizar el IVA y no ceder el impuesto de
Sociedades, como fórmulas para compensar el mayor tramo de IRPF que
sí se cederá a las autonomías. En la actualidad el tramo del
Impuesto de la Renta que se cede a las Comunidades Autónomas es del
33%. El Gobierno podría elevarlo por encima del 40.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
llevará su propuesta de financiación autonómica a la próxima
Conferencia de Presidentes, a mediados de julio.
Zapatero cree que la nueva financiación autonómica puede estar
en vigor en 2008, al final de la presente legislatura, si se
cumplen sus previsiones. La segunda Conferencia de Presidentes será
el marco en el que el Gobierno desvelará su propuesta, junto con la
de la financiación de la Sanidad. Esta segunda propuesta estará
cerrada porque es el asunto más urgente a resolver, pero en cuanto
a la financiación autonómica las cosas irán más despacio.
El jefe del Ejecutivo habló de negociar a los largo de 2006 y
cerrar un acuerdo el año siguiente. Zapatero no se mostró
preocupado por que este proceso pueda coincidir con la aprobación
en el Congreso de los Diputados de las reformas de los estatutos de
autonomía. El motivo que argumentó es que estas reformas no tienen
que incluir el sistema de financiación. Sí admitirá principios
generales, pero no que tengan carácter jurídico en materia de
financiación, puesto que considera que la Ley Orgánica de
Financiación de las Comunidades Autónomas está por encima de los
estatutos.
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