El Consejo de Ministros aprobó ayer la creación de la Sociedad
Pública del Alquiler, con la que pretende fomentar el mercado en
España mediante la intermediación en el proceso de alquiler de
cerca de mil viviendas, inicialmente.
La vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega, detalló en la rueda de prensa posterior al
Consejo de Ministros que la nueva sociedad, que empezará a
funcionar en otoño, nunca amenazará al negocio de las entidades
privadas del sector, puesto que las viviendas en las que intermedie
nunca supondrán más del 1,5 o el 2 por ciento del conjunto del
mercado.
El Gobierno ha previsto que, del total de la renta que tendrán
que pagar los inquilinos de pisos intermediados por la Sociedad
Pública del Alquiler, el 20 por ciento se destinará a la
financiación de la entidad pública, mientras que el 80 por ciento
restante lo cobrará el propietario del inmueble.
La sociedad se constituirá la semana que viene con un capital
social de veinte millones de euros y con un presupuesto para este
año de seis millones de euros, explicó la ministra de Vivienda,
María Antonia Trujillo, en la misma rueda de prensa.
En principio, el funcionamiento de la entidad está previsto para
diez años y, una vez transcurrido ese período, se revisará la
situación del mercado del alquiler para ver si es conveniente que
siga activa o si su labor ya no es necesaria.
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