El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, avanzó ayer que estudia con
los agentes sociales la posibilidad de que se pueda presentar un
documento diferente del padrón para acogerse al proceso de
regularización de trabajadores inmigrantes, que en dos meses ha
registrado 313.000 solicitudes.
Caldera consideró que las 313.000 solicitudes de regularización
presentadas hasta el momento -33 por ciento en el sector doméstico-
suponen «un notable éxito» que demuestra que se trata del «proceso
de legalización de la economía sumergida más amplio de España».
Acompañado por la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo
Rumí, y el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio
Granados, el ministro explicó que los expedientes resueltos superan
los 65.000 y, recordó, después hay un mes para que los empresarios
procedan a dar de alta a sus trabajadores en la Seguridad Social.
Granados explicó que actualmente hay más de 10.000 altas
correspondientes a todos los regímenes, aunque en esta cifra no
están incluidas las del sector doméstico, mientras que el ritmo
diario es superior a las 2.000.
En conferencia de prensa en el Congreso para hacer balance del
proceso a un mes de su conclusión, Caldera explicó que buscar una
solución al tema del certificado del empadronamiento «si la hay, no
es fácil» y se conocerá la próxima semana «para que haya tiempo
para aplicarla».
Sobre el certificado de empadronamiento, uno de los requisitos
imprescindibles para demostrar la estancia en España antes del 8 de
agosto de 2004 y acogerse a la normalización, el ministro recordó
que hay peticiones de ONG, del Defensor del Pueblo y del Colegio de
Abogados para que sea válido un documento alternativo al padrón,
pero ello -matizó- no significa que se estén presentando un gran
número de solicitudes sin ese papel, «son muy pocas».
Subrayó que no es fácil encontrar una solución, indicó que se
está estudiando con los agentes sociales (patronal y sindicatos UGT
y CCOO) con los se consensuó el Reglamento de Extranjería y declinó
proporcionar más información en aras a la discreción, porque todos
los acuerdos «se formalizan en la mesa de diálogo social, si es
posible». Por otro lado, Caldera recordó que hace un mes había
108.000 solicitudes de legalización y actualmente son 313.000, es
decir, «en un mes se ha multiplicado por tres», lo que consideró un
«notable éxito», al tiempo que se felicitó por la ausencia de
incidentes destacables durante el proceso, que acaba el próximo 7
de mayo.
Cuando ha habido problemas puntuales, sobre todo en determinadas
ciudades como Madrid por la demanda existente, la «respuesta de la
Administración ha sido inmediata y ágil»; casi 3.000 funcionarios
están trabajando en este proceso, que «se está acelerando cada vez
más», indicó. Añadió, de la misma, que entre los años 2000 y 2002,
durante la etapa popular, se regularizaron medio millón de
personas.
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