La jueza que investiga el hundimiento del túnel del metro del
Carmel dictó ayer una providencia en la que pide al departamento de
Obras Públicas que aporte al juzgado «con carácter de urgencia» el
libro de obras en las que se produjo el accidente, así como el
libro de órdenes de las mismas.
Los listados de los perjudicados deberán especificar, según la
magistrada, nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, teléfono
de contacto y el domicilio en el que residieron «con especificación
de si fue derribado o desalojado» y domicilio actual.
La titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona,
Elisabet Castelló, también pidió al Ayuntamiento de Barcelona que
le facilite «el listado de perjudicados por el hundimiento del
túnel de maniobras».
Una vez que la jueza Castelló disponga de este listado,
procederá al ofrecimiento de acciones a los perjudicados, a quienes
se les comunicará de forma individual esta posibilidad, por si
desean personarse en la querella por daños y estragos presentada
por una estanquera y un pastelero del barrio contra las empresas
responsables de la obra.
De hecho, la jueza hizo público ayer que un tercer comerciante,
que regenta una tienda de electrodomésticos en uno de los edificios
que debe ser derribado, se ha sumado como parte perjudicada en la
querella.
A través de otra providencia, la titular del juzgado de
instrucción 33 de Barcelona también ha designado a los tres
ingenieros que actuarán como peritos judiciales en este
proceso.
Estos peritos (Alcibiades Serrano, Antonio Soriano y Jordi
Corominas) han sido elegidos por sorteo de entre los catedráticos
ingenieros de caminos, ingenieros geólogos e ingenieros de minas
propuestos por la Universidad Politécnica de Cataluña y la
Universidad Politécnica de Madrid.
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