Quince minutos antes de las 11.15 horas de ayer, cuando estaba
previsto que el Parlament votara la moción de censura presentada
por el PP contra el president de la Generalitat, Pasqual Maragall,
la Mesa de la Cámara catalana recibió la solicitud del grupo
popular de retirar la iniciativa. El líder del PP catalán, Josep
Piqué, justificó esta decisión asegurando que se reserva así la
posibilidad de emprender nuevas iniciativas de este calibre si en
el plazo de una semana no se disipan las dudas sobre la existencia
de un supuesto pacto de silencio entre CiU y PSC para «taparse las
vergüenzas».
Antes de la formalización de la retirada de la moción de censura,
Piqué denunció que en el pleno del jueves se asistió a una
«reedición del oasis catalán que a la práctica supone un pacto
subterráneo entre CiU y PSC para taparse mútuamente, al igual que
durante 25 años, las vergüenzas».
En menos de medio minuto, el president del Parlament, Ernest
Benach, abrió y cerró la sesión plenaria, sólo para informar en el
hemiciclo de la retirada de la moción. En caso de haberse votado la
iniciativa, el PP no habría podido presentar una nueva censura al
Gobierno hasta el próximo período de sesiones, que empieza en
septiembre, mientras que CiU debería esperar un mes desde la
votación para poder impulsar una iniciativa de este tipo.
Se trata, dijo, de un «pacto de silencio», una «omertà», entre
Maragall y el líder de la federación nacionalista, Artur Mas, que
busca «hurtar a los ciudadanos la verdad».
Frente a esta sospecha, la obligación de los populares, según su
líder, es «no bajar la presión» y mantener su «exigencia ética
hasta el final». Por ello, advirtió que, si en una semana no se
disipan sus dudas sobre la existencia de ese supuesto pacto de
silencio, concluirán que «se ha vuelto a engañar a los ciudadanos»
y «reaccionaremos con contundencia», presentando una nueva moción
de censura, pues se debe constatar la «voluntad de transparencia
del Gobierno lo antes posible». Piqué tiene el objetivo de
presentar una serie de iniciativas en favor de la transparencia en
la gestión pública, que van desde la reforma de la ley de contratos
de la administración hasta la reforma de la ley de la Sindicatura
de Cuentas, para adscribir en su estructura la oficina antifraude
que el Gobierno se ha comprometido a crear, aunque dependiente de
la Conselleria en Cap.
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