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La policía francesa detuvo en las últimas horas a tres personas por su presunta pertenencia a la banda terrorista ETA. Dos de ellos, además, tienen una abierta relación con Batasuna. Araitz Zubimendi fue parlamentaria de Sozialista Abertzaleak e Ibon Arbulu fue concejal de Euskal Herritarrok en el Ayuntamiento de Bilbao. Esta operación es la primera en la que se utiliza la Orden Europea de Detención y Entrega, la «euro-orden», para casos de terrorismo.

Además de los dos antiguos cargos de la ilegalizada Batasuna, la policía judicial francesa también ha detenido a Unai Berrosteguieta Eguiara. Sobre los tres pesaba una 'euro-orden' dictada por el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional dictada en el marco de la investigación del sumario contra las organizaciones juveniles de ETA, Jarrai, Haika y Segi. Los domicilios de los tres detenidos, que permanecerán incomunicados durante 48, horas, fueron registrados por los agentes.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional remitirá a las autoridades francesas toda la documentación relativa a los tres detenidos en un plazo máximo de seis días, con el objeto de que la entrega se produzca con la máxima celeridad. Los tres detenidos se encuentran en las dependencias policiales de Bayona.

Se tiene constancia de que Araitz Zubimendi (detenida en Bayona), Ibon Arbulu (localizado en Ustariz) y Unai Berrosteguieta (en Ciboure), huyeron a Francia en abril del año 2003. El juez Baltasar Garzón dictó una orden de detención contra la ex parlamentaria de Sozialista Abertzaleak el 16 de abril del pasado año. Lo hizo después de que Zubimendi no acudiera a la Audiencia Nacional para que se le comunicara su procesamiento dentro del sumario que investiga a Segi y por realizar acciones de 'kale borroka'.

Esta causa fue remitida al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por la condición de aforada de Zubimendi, que fue procesada por los mismos hechos que le imputaba la Audiencia Nacional. La entonces todavía parlamentaria vasca tampoco se presentó ante la Justicia vasca y en 2004 renunció a su escaño, que pasó a ocupar Joseba Permach, con lo que el caso regresó a la Audiencia Nacional.