El concejal madrileño Àngel Garrido, que invitó por carta a los
afiliados del PP a pronunciarse contra el Gobierno en la
manifestación de las víctimas del terrorismo, dijo ayer que el
ministro José Bono es un «embustero» que pudo fingir un delito, la
agresión, y que el Gobierno del PSOE ha implantado un estado
«neofascistoide» en Madrid.
Garrido afirmó que «eso ocurre porque hay un delegado del
Gobierno que ha impuesto un sistema neofascistoide en la ciudad y
porque hay larga tradición en el PSOE de ministros del Interior que
acaban o en la cárcel o dimitiendo, y el actual ministro no va a
ser una excepción».
Fracasados
A su juicio, lo de la carta «es una cortina de humo que ha
fracasado porque fracasan las cosas que provienen de fracasados y
que promueven fracasados, el tema está zanjado, y lo que hoy
importa es que un ciudadano sale a la calle a manifestarse porque
no le gustan determinadas cosas y puede ocurrir que a un ministro,
que es un embustero, sus guardaespaldas le den algún golpe».
«Puede ocurrir que finja un delito de acoso o ataque, puede
ocurrir que sus fotos salgan, que te identifiquen en esas fotos,
que te detengan ilegalmente, etc., todo eso puede ocurrir en España
hoy, pero estoy convencido de que el ministro del Interior acabará
en la cárcel o dimitiendo», añadió.
El PP presentó ayer una demanda por detención ilegal de dos
militantes por su participación en la supuesta agresión al ministro
de Defensa, mientras el titular de Justicia, Juan Fernando López
Aguilar, acusó a los populares de «explotar políticamente» el dolor
de las víctimas.
La demanda por detención ilegal, prevaricación y por un delito
contra las libertades públicas, según dijeron fuentes populares,
fue presentada en los juzgados de Madrid tanto por el PP madrileño
como por los dos militantes del PP, Antonia de la Cruz e Isidoro
Barrios.
Los dos militantes prestaron declaración el pasado martes ante
la policía tras ser identificados en una fotografía entre un grupo
de personas que presuntamente participaron en la agresión a Bono
durante la manifestación de apoyo a las víctimas del
terrorismo.
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, acusó al
PP de mantener «actuaciones indignas de quien ha estampado su firma
en el Pacto Antiterrorista» al intentar «explotar políticamente» el
dolor de las víctimas tras la manifestación del sábado.
El ministro consideró que esos incidentes no tienen por qué
afectar al Pacto, cuya utilidad defendió siempre que se tenga «la
honradez ética y política de cumplir lo pactado».
Al respecto, para el portavoz del PP, Eduardo Zaplana, el pacto
«no tiene absolutamente nada que ver» con el «hecho gravísimo» de
la detención de los militantes, en la que vio «una intencionalidad
clara en beneficio del Gobierno, que es «intolerable en
democracia».
También el presidente popular, Mariano Rajoy, emplazó al
Gobierno a aclarar en el Congreso las detenciones, y anunció que,
en caso contrario, pedirá el cese del ministro del Interior.
Rajoy calificó las detenciones de los militantes de su partido
de «ilegales» e «impropias de una democracia civilizada», y aseguró
que para el arresto «se forzó la voluntad de funcionarios
policiales».
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