El presidente del PP instó a Ibarretxe a que defienda su
propuesta «para liquidar España» en la Cámara Baja el 1 de febrero,
puesto que, a su juicio, después de dividir a la sociedad vasca
durante mucho tiempo, ahora «no puede esconderse».
Para Rajoy, la ausencia de Ibarretxe en el debate demostraría
«que tiene miedo y que no está a la altura de las circunstancias»,
por lo que tendría que dimitir ante «su falta de valentía
política».
El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, exigió a
Ibarretxe que «deje de contar milongas» sobre el diálogo porque ese
tiempo ya se ha acabado, y precisamente por su responsabilidad.
El presidente del Congreso, Manuel Marín, advirtió por su parte,
que si no acude ninguna delegación del Parlamento vasco para
defender el Plan Ibarretxe en el Congreso el próximo día uno de
febrero se estaría ante un «grave conflicto político».
Marín explicó que el Congreso de los Diputados tiene ya prevista
la convocatoria para debatir el Plan Ibarretxe en el Pleno y aclaró
que «de una manera formal» se tomó «la molestia de enviar a unos
letrados al Parlamento de Vitoria para entregar en mano el oficio
en el cual se le comunicaba la decisión de la Mesa, de la Junta de
Portavoces y del presidente del Parlamento». Así, recordó que
«están convocados para el uno de febrero a las cuatro de la tarde».
No obstante, dijo que se va a «esperar a ver lo que acontece el
lunes en el Parlamento de Vitoria para saber cómo vamos a
operar».
Mientras, PNV y EA formalizaron ante el Constitucional su
recurso a la tramitación del Plan Ibarretxe establecida por el
Congreso y pidieron que se suspenda cautelarmente el debate y la
votación de la propuesta para el 1 de febrero. Además, consideran
que, en caso de que finalmente se rechace la iniciativa en las
Cortes el martes, la Cámara creará «un nuevo derecho a veto». De
esta forma se expresaron el portavoz del PNV en el Congreso, Josu
Erkoreka, y la diputada de EA, Begoña Lasagabaster.
Ambos reclamaron el carácter de «bilateralidad» que, a su
juicio, establece la Constitución para reformar los Estatutos e
insistieron en que el TC debe proceder a la suspensión cautelar de
la votación del martes porque, de resolverse la impugnación a favor
de sus intereses tras el Pleno, su pretensión quedaría
«frustrada».
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