EfeMadrid18/01/05 0:00
TW
0

El fiscal Juan Moral pidió ayer al juez Baltasar Garzón el procesamiento de 35 miembros de la ilegalizada Batasuna por pertenencia a la banda armada ETA y que mantenga el bloqueo de las cuentas bancarias y el embargo de las «herriko tabernas» acordado para cubrir los más de 24 millones de euros exigidos a la formación abertzale por los daños causados por la violencia callejera.

Al analizar los datos, elementos, documentos e informes existentes en la causa que Garzón comenzó a instruir en 2002, Moral ha constatado «que la organización terrorista ETA-KAS-EKIN (...) decide en un momento histórico determinado (1992) configurar una plataforma económico-financiera coordinada y que aglutine todas las estructuras y organizaciones integradas en el MLNV».

En su informe, de 137 páginas, el fiscal asegura que, según se desprende de lo actuado, «no existe ninguna duda» de que Batasuna, a través de la Comisión Nacional de Herrikos y de sociedades instrumentales como Banaka, Eneko y Erosgune, «forma parte orgánica de la organización terrorista ETA-KAS-EKIN».

Esta plataforma tenía por objeto la elaboración del denominado Proyecto Udaletxe, «dirigido y auspiciado por ETA» a través de KAS para «dotar a todas las infraestructuras integradas en el complejo terrorista de unos medios de financiación y una estructura económica que vertebre todo el movimiento».

Herri Batasuna, según el fiscal, «representa un papel preponderante» en este entramado «como una de las grandes empresas (Foro Aldundia) del Proyecto Udaletxe», esencialmente en el ámbito financiero, «a través de la Comisión Nacional de Herrikos, que desarrolla, controla y ordena la ejecución de las actividades de la misma para obtener fondos para la propia formación política».

Para Juan Moral, todas las actividades llevadas a cabo por las herrikos «forman parte del complejo organizativo terrorista, están controladas y siempre han sido controladas por Herri Batasuna a través de la Comisión Nacional de Herrikos».