OTR PressMadrid09/10/04 0:00
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El mundo judicial ha contestado con contundencia a Jaime Ignacio del Burgo. El diputado popular remitió, por su cuenta y riesgo, un cuestionario a Rafá Zouhier, el confidente de la Guardia Civil encarcelado por su relación con el 11-M. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha remitido un escrito al presidente del Congreso, Manuel Marín, para pedirle que no se repitan comportamientos como el del diputado del PP. Para el juez que instruye el sumario del 11-M, Juan del Olmo, Del Burgo pudo haber vulnerado con sus acciones la exigencia constitucional de velar por los derechos de un imputado.

Conde-Pumpido muestra su respeto a la labor de la comisión de investigación parlamentaria, pero recuerda que su trabajo es «velar por la independencia de los tribunales». Por ello, solicita a Marín que «en el futuro se procure evitar cualquier acto individual que, realizado al margen de las decisiones legalmente adoptadas por los órganos competentes de la comisión parlamentaria, interfiera o perturbe el normal desenvolvimiento de procedimiento judiciales en curso, especialmente si en los mismos se ha declarado el secreto de las actuaciones».

Tras ser publicado el cuestionario que Del Burgo remitió a Zouhier en un diario madrileño, el diputado popular lo remitió tanto a la comisión parlamentaria que investiga los atentados del 11-M como el juez que instruye el sumario. Al tener conocimiento que el magistrado pidió un informe a la fiscal adscrita al caso, Olga Sánchez, sobre esta entrevista, el fiscal general del Estado ha considerado oportuno remitir una carta al presidente del Congreso para evitar actuaciones similares.

Del Olmo, por su parte, explica en su providencia que la entrevista entre Del Burgo y Zouhier «se ha realizado supuestamente sin ajustarse a la exigencia constitucional y legal de garantizar los derechos que como persona imputada tiene cualquier ciudadano». En dicha entrevista, añade, «se pueden verter expresiones o manifestaciones, a instancia de tercero, relativas a actividades presuntamente criminales atribuidas a quien hace esas manifestaciones, para que tengan eficacia jurídica en un procedimiento penal».